Familiares y diversas ONG acusaron este martes al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por los asesinatos de dos estudiantes de la escuela de Ayotzinapa durante un operativo policial en 2011, en un episodio anterior a la sonada desaparición de 43 alumnos de ese centro.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2011, cuando alumnos de la combativa escuela de maestros de Ayotzinapa se manifestaban en Chilpancingo, capital del convulso estado de Guerrero, y aparentemente fueron desalojados de forma violenta por agentes federales y estatales, que causaron la muerte de dos alumnos, dejaron heridos por arma de fuego a otros tres y torturaron a otro, recordó la ONG Tlachinollan.

Familiares de los dos fallecidos, el alumno presuntamente torturado y organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida (…), al derecho a no ser sometido a torturas (… )y el derecho a las garantías judiciales”.

Ahora, la CIDH debe evaluar si admite la denuncia.

Para Tlachinollan, de admitirse, esta denuncia ayudaría a contribuir “con los cambios estructurales que el Estado mexicano necesita en cuanto a la labor de sus fuerzas del orden y el respeto por los derechos humanos en el país”.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado que México vive una grave crisis de derechos humanos y, en octubre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomendó al gobierno a relevar de las labores policiales de seguridad pública a los militares, acusados de distintas agresiones a civiles.

Si los hechos de 2011 hubieran sido “diligentemente investigados, sancionados” y se hubiera implementado medidas de no repetición, “sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”, reza el comunicado de Tlachinollan.

Esa noche, los estudiantes fueron atacados por policías de Iguala y luego entregados a miembros de un cártel local, que los habrían asesinado e incinerado, según la versión oficial de los hechos.

Tres estudiantes fallecieron esa noche en el ataque de los policías, en un caso que conmocionó al mundo y generó fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto.