La incertidumbre que generó la derecha, con el requerimiento que presentaron ante el Tribunal Constitucional por los criterios para acceder a la gratuidad el 2016 y que fue acogido por el organismo, tiene al Gobierno trabajando en distintas vías para redistribuir los dineros del beneficio.
Sin embargo, en las universidades del Estado no causó mayor revuelvo el fallo del Tribunal Constitucional, ya que esos planteles tienen asegurados los recursos de la gratuidad para el próximo año, como lo indicó el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi.
El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle -en lo que se podría considerar una petición inconstitucional, dado que el tribunal calificó de arbitrario exigirles a las instituciones privadas un mínimo de requisitos- solicitó al Ejecutivo que la gratuidad se entregue a instituciones que reúnan ciertos criterios.
Posición completamente distinta tienen los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, que apuestan por que la redistribución de los dineros de la gratuidad incrementen las becas o se baje el número de estudiantes vulnerables beneficiados, pero sin restricción de instituciones, como lo planteo el presidente de Vertebral y rector de Inacap, Gonzalo Vargas.
El presidente del G-9 y rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, lamentó la incertidumbre que se ocasionó a los estudiantes y las instituciones respecto de la gratuidad, y espera que el Gobierno informe pronto el mecanismo para otorgar el beneficio.
Desde el Gobierno han sostenido diversas reuniones entre los miembros del comité político, más la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para ir definiendo la manera en que se implementará el beneficio. El que de todas formas debiese ser por medio de aportes directos, quedando aún por determinar el número y el tipo de instituciones, ya que aquellos planteles privados que eran elegibles para la gratuidad, luego del fallo, dejaron de serlo.
