A partir de la 9.00 de este lunes, en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, los tres imputados en el caso de repactaciones unilaterales de la multitienda La Polar, los ex ejecutivos, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, deberán reconocer los hechos materia de la acusación para acceder a un procedimiento abreviado.

El beneficio para los acusados es que enfrentarían una condena con una pena menor a la que se expondrían en un juicio oral, colocando así el punto final a la acusación en su contra, que incluye los delitos de lavado de activos, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y la Ley general de Bancos, en una indagatoria que comenzó en 2011.

Por su parte, la Fiscalía Centro Norte no destinaría un completo equipo de fiscales, meses de alegatos y presentación de pruebas para acreditar las acciones dolosas desplegadas por los encausados. Es por esta razón que mañana se buscará llevar por esta salida alternativa a los tres imputados, ya que si uno no acepta implicaría que se realice de todas formas un largo juicio oral.

Cuando se formalizó esta causa, el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte estimó penas efectivas de cárcel que -sólo en el caso de Alcalde- alcanzaban los 12 años de presidio efectivo, panorama que cambiará radicalmente mañana, cuando, a lo más, se exponga a cinco años de cárcel que puede tener un cumplimiento en libertad.

La abogada querellante, Bárbara Salinas, en representación de los accionistas minoritarios de La Polar, explicó que una condena es valorable porque se establece la culpabilidad de los requeridos, lo cual puede sustentar aún más la causa que se ventila en sede administrativa, donde se contemplan millonarias indemnizaciones.

Respecto a María Isabel Farah, el Ministerio Público estimó en la formalización 10 años de presidio, lo que también se reduciría a menos de la mitad, sin cumplimiento efectivo, lo cual fue valorado por su abogado, Alex Caroca, que además se refirió al desgaste de enfrentar un juicio oral.

Dentro de las penas que se contemplan están las multas y la devolución de los dineros que tendrían un origen ilícito, de los cuales ya la fiscalía tendría incautado 4 millones de dólares de los tres imputados.