Luego que los pescadores artesanales pidieran esta semana al Servicio de Impuestos Internos acelerar la investigación por la harina de pescado ilegal, la Asipes se sumó a esta solicitud y urge se aclare toda la cadena del ilícito que está siendo indagado.
Desde el gremio industrial se indicó que hasta hoy el escarnio público y las culpabilidades están centradas en la planta que habría procesado la harina de pescado sin trazabilidad, pero nada se podido conocer sobre los otros dos actores que también deben concurrir para que este ilícito se configure: los certificadores que recepcionan las capturas en puerto y los proveedores de la pesca que terminó siendo procesada.
De acuerdo a lo manifestado por Verónica Ceballos, jefe de asuntos públicos de la Asociación de Industriales Pesqueros, en todos los muelles de descarga existe un certificador que emite un instrumento público que legitima que lo descargado por la lancha artesanal es realmente la carga que la embarcación lleva a puerto rumbo a las plantas de procesamiento.
Cevallos indicó que para fabricar 7 mil toneladas de “harina ilegal” fueron necesarias unas 22 mil toneladas de pesca, las que fueron entregadas a las plantas por proveedores artesanales, precisando que el 78% de la cuota de sardina y anchoveta está en manos de este sector y sólo el 22% restante en la pesca industrial.
La representante de Asipes reiteró la condena del grupo a esta práctica que atenta contra la sustentabilidad de los recursos pesqueros y reiteró que se tomarán resoluciones conforme a sus estatutos cuando la justicia emita su fallo.
