El Tribunal Constitucional realizó este miércoles la audiencia pública para tratar el requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición acerca de la gratuidad en la educación superior.

La diligencia partió a las 09:30 horas y se permitió 10 minutos para cada una de las 19 organizaciones que se inscribieron para participar en esta audiencia.

Todo se enmarca en el requerimiento acogido por el TC presentado por 31 diputados de Chile Vamos respecto de la glosa de gratuidad contenida en el presupuesto del próximo año.

En el transcurso de la mañana la diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Educación, Camila Vallejo, pidió prudencia a las instituciones que nunca han abogado por gratuidad, de que hoy se abstengan de efectuar comentarios sobre esta situación. Dentro de las universidades que expondrán en la mañana se encuentra la Universidad SEK, que no está acreditada, y la Universidad de Los Andes, que cuenta con un número muy inferior de estudiantes vulnerables.

Sobre ello, la parlamentaria también dijo que resultaba contradictorio los argumentos presentados ahora por las universidades privadas, cuando su objetivo apuntaría a cobrar a los estudiantes.

“Ahí hay una contradicción tremenda que demuestra la intención ahora a último minuto de las instituciones que jamás quieren gratuidad, de hacerse parte de un beneficio, simplemente pensando en generar mayor ingreso para sus instituciones más que en la vulnerabilidad o el futuro de sus jóvenes”, dijo la diputada Vallejo.

Ex vocero Álvaro Elizalde: “Requerimiento carece de fundamento”

El ex ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional deseche el requerimiento para impugnar la glosa. “En nuestro concepto el requerimiento carece de fundamento jurídico. El proyecto no contradice en ningún aspecto a la Constitución y por tanto el tribunal debiera desechar el requerimiento planteado por los parlamentarios de oposición”, señaló este miércoles antes de exponer ante el TC en representación del Instituto Igualdad.

Elizalde defendió el mecanismo dispuesto por el Ejecutivo, señalando que “haberlo hecho de una manera distinta habría significado dilatar al menos durante un año el inicio de la gratuidad y por lo tanto perjudicar a las miles de familias que se van a ver beneficiadas el próximo año”.

En su exposición, Elizalde indicó que los criterios especiales con los que se rige el Consejo de Rectores implican un mayor control, por lo tanto debiesen tener un trato distinto respecto de los montos que se destinarán a la gratuidad.

Alegó que la glosa no es inconstitucional ya que muchas políticas públicas se han iniciado por medio de este mecanismo, ejemplificando con la iniciativa del Ingreso Ético Familiar que fue aprobado en el gobierno de Sebastián Piñera. Indicó además que debido a una limitación de recursos es que esta política pública será gradual. Si esto se acoge, dijo, sentaría un mal presidente.

Gonzalo Vargas, rector de Inacap -uno de los institutos que quedó fuera de la gratuidad en la glosa presupuestaria-, dijo que la vía para redistribuir los recursos en el caso de que se acoja el requerimiento es a través de becas o abarcar menos deciles.

“Entendiendo que hay restricciones presupuestarias hay dos maneras de asignar esos recursos de una manera equitativa; o favoreciendo menos deciles, para cubrir la totalidad de los aranceles, o cubriendo un porcentaje de esos aranceles y acercarlo paulatinamente a la gratuidad en la medida que a través de los años las becas se vayan acercando a los aranceles de referencia”, sostuvo Vargas ante el tribunal.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, dio cuenta del rol público que cumplen las universidades del Consejo de Rectores, respondiendo a las críticas de que éstas entidades serían “privilegiadas” respecto de las otras instituciones de educación superior que deben reunir una cierta cantidad de criterios para adherir a la gratuidad.

Añadió que la gratuidad no puede estar fijada solo por tema de vulnerabilidad y acreditación, señalando como ejemplo lo que ocurrió con la Universidad del Mar.

“La racionalidad del fundamento de la gratuidad tal como está hoy día en la glosa presupuestaria no se reduce a reconocer vulnerabilidad y acreditación, y hemos dicho que hace pocos años una universidad donde había estudiantes vulnerables y estaba acreditada de la noche a la mañana cerró sus puertas y miles de estudiantes quedaron sin universidad“, apuntó.

Por su parte el sacerdote y rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes,que también acudió al TC a exponer, dijo que “el país para ser democrático tiene que evitar la exclusión”, criticando que las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas reciban más recursos en becas que planteles privados no tradicionales en las que hay más estudiantes de menores recursos.

En la actividad estuvo uno de los diputados firmantes del requerimiento, el parlamentario de RN José Manuel Edwards, quien criticó al Gobierno y la postura del Gobierno en torno a las acciones futuras si se llegara a acoger el requerimiento y la eventual redistribución.

“El tribunal no va a revisar la cantidad de recursos asignados a ayudas estudiantiles, y por eso el Gobierno cuando ha dicho que esto significa menos estudiantes beneficiados es simplemente mentira. Lo que estamos pidiendo es que estas platas se asignen sin discriminación y que se considere la vulnerabilidad de los estudiantes para asignarlas”, dijo el diputado.

Mañana se efectuarán los alegatos de las partes: desde el Gobierno alegará Paulina Veloso, mientras que por parte de la Alianza lo realizará el abogado Arturo Fermandois.