La Nueva Mayoría espera que la investigación del Servicio de Impuestos Internos identifique a los responsables del perjuicio fiscal de las empresas vinculadas al ex mandatario Sebastián Piñera, a quien cuestionaron por su cercanía con el ex director del servicio Julio Pereira.

El Servicio de Impuestos Internos dio a conocer un informe donde se detalló que las sociedades Bancard y Vox Populi ligadas a Sebastián Piñera generaron un perjuicio fiscal por más de 120 millones de pesos por la extensión de boletas ideológicamente falsas a SQM, entre 2009 y 2010.

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que el ex mandatario habría realizado un fideicomiso ciego de sus empresas antes de la campaña electoral, sin embargo llamó al Servicio de Impuestos Internos a trabajar de manera equitativa en las investigaciones.

Por su parte, el diputado del partido socialista, Osvaldo Andrade, dijo que no le sorprende, ya que siempre estuvo la duda sobre el mecanismo de la campaña de Sebastián Piñera y calificó como un “desparpajo” los dichos de Desbordes, considerando que a su juicio no se puede eludir las responsabilidades en otras personas.

El diputado DC, Fuad Chahín, calificó de grave la situación que debe ser investigada y enfatizó que ahora comprende porqué Piñera defendió al ex director del SII, Julio Pereira , por el caso Johnson, ya que al parece este último manejaba mucha información.

La presidenta del Partido Regionalista Independiente y vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo, no se quiso referir al tema, por ser un proceso judicial y afirmó que Sebastián Piñera es el capital político más importante del conglomerado.

El senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, sostuvo que el ex mandatario debe demostrar que no estaría vinculado a las empresas, como lo habría asegurado hace un tiempo, con el fin de dar con los responsables.

Al igual que en las aristas de Penta, SQM y Corpesca, estos antecedentes configurarían delitos tributarios, contenidos en el artículo 97 del Código Tributario, en la hipótesis de facilitación de facturas falsas o de rebajar indebidamente impuestos a través de éstas, según explicó Carlos Hidalgo, abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el Caso Penta.