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Osorno: Denuncian que finiquito de Nutriplus para manipuladoras de alimentos sería ilegal

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Una dirigenta de manipuladoras de alimentos denuncia que cientos de trabajadoras del rubro en Osorno y en la región arriesgan perder beneficios fiscales y cotizaciones por firmar finiquito propuesto por la empresa Nutriplus. En tanto ésta última aseguró que una licitación tardía les obligó a tomar la medida.

Esto luego que Nutriplus, institución que presta servicios de alimentación a la Junaeb, comenzara a enviar cartas de aviso de despido a cerca de 400 manipuladoras de alimentos que trabajan para ellos, en las que se propone poner fin al contrato indefinido el 31 de diciembre por necesidades de la empresa, cuando el contrato de la empresa celebrado con Junaeb finaliza en febrero del próximo año.

Según la presidenta de la Federación de Manipuladoras de alimentos Inter-regional, Femai, Ana Osses, esto sería ilegal, ya que la normativa vigente impediría esta situación, que estaría siendo amparada por el sindicato local, sostuvo.

En tanto Teresita Maureira, presidenta de uno de los dos sindicatos de funcionarias de la provincia de Osorno, desestimó las críticas de Osses, agregando que su trabajo ha sido informarle los pro y los contra a sus representadas.

Asimismo añadió que de acuerdo a la ley si las funcionarias decidieran no firmar el finiquito, tendrían que seguir trabajando en los lugares que estime conveniente la empresa.

Escenario que no fue dilucidado por el gerente de la empresa, ya que afirmó que de no ser así ellos verán qué acciones iniciar, dejando en claro que la decisión de finalizar el contrato de las trabajadoras se debe a lo tardío del proceso de licitación.

Por su parte el director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo, validó la versión de Ana Osses ya que a pesar de no conocer los antecedentes aseguró que la ley obliga a la empresa a mantener el contrato hasta febrero, criticando los motivos de la empresa para enviar estas notificaciones.

Además la autoridad afirmó que el organismo ya ha comenzado una fiscalización a la empresa, añadiendo que si efectivamente se está infringiendo la normativa laboral ellos tienen la obligación de aplicar multas y retener los pagos hasta que se normalice la situación de las trabajadoras.

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