El pasado viernes la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la sentencia dictada el 27 de noviembre por el Segundo Juzgado de Letras de la capital magallánica por el caso del suboficial del Ejército, Fernando Marcial Burboa Reyes, quien murió en septiembre de 2005, en el marco de una operación de rescate de maquinaría en la Antártica.

Además el tribunal elevó la indemnización que debe pagar el Estado de Chile a $239.000.000 millones a los familiares de Burboa Reyes.

Cabe destacar que en un fallo unánime el tribunal de alzada confirmó, con costas, la sentencia de primera instancia, dictada por el juez (s) Javier Toledo, el 24 de febrero pasado, que condenó al Estado chileno por su responsabilidad extracontractual en el deceso de Burboa Reyes.

Lo anterior, según detalla el documento debido a la muerte del funcionario fue “en un acto de servicio en funciones propias del Ejército de Chile, como lo dispone el inciso cuarto del artículo 66 (68) de la Ley Orgánica Constitucional, a consecuencia de lo cual queda establecida la responsabilidad civil del Fisco“.

Además el fallo sostiene que el tribunal comparte plenamente los razonamientos del tribunal de primera instancia para determinar el daño moral sufrido por los dos hijos y la cónyuge de Fernando Burboa y de paso elevó el monto que el fisco les debía pagar por concepto de indemnización.

En tanto, mantuvo el monto de la indemnización para la madre y los tres hermanosde la víctima.

El accidente

Recordemos que el suboficial Fernando Burboa Reyes era parte del personal del Ejército de Chile destinado en la Base Antártica “General Bernardo O’Higgins Riquelme” y en el marco de sus funciones, el 28 de septiembre integró una expedición de rescate de equipamiento militar que había caído junto al trineo “Orión”, en una grieta el 6 de septiembre de ese mismo año.

Pero dicho incidente no fue informado al Departamento Antártico del Ejército y tampoco se dio aviso de la misión de rescate del equipamiento extraviado, operación que se desarrolló 22 días más tarde, por orden de los comandantes Mauricio Toro Pardo y Armando Ibáñez Changarotti.

Con la investigación se logró establecer que ambos comandantes impusieron al personal la prohibición de informar lo sucedido a las autoridades superiores, como asimismo transmitir dicha información incluso a sus familiares en las comunicaciones periódicas que estos sostuvieran (el llamado secreto antártico).

Además, Toro Pardo e Ibáñez Changanotti falsificaron un documento para autorizar la operación de rescate que integraron el suboficial Fernando Burboa Reyes, el capitán Enrique Encina Fajardo y el mecánico de telecomunicaciones, suboficial Jorge Humberto Basualto Bravo, quienes perdieron la vida luego de caer en una grieta cuando se movilizaban en un Carro Snow-Cat.

Más tarde los militares fallecidos fueron trasladados hasta el refugio “Abrazo de Maipú”, donde permanecieron 3 días hasta que las condiciones meteorológicas permitieron el traslado de los cuerpos a la Base O’Higgins, para luego ser llevados a Punta Arenas.

Cabe destacar que las autopsias realizadas a los funcionarios determinaron hipotermina como causa de muerte.