Esta columna fue escrita por Giorgio Boccardo y Sebastián Caviedes.
Hace pocas semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso un requerimiento contra las empresas CMPC y SCA ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión en la fijación de precios y cuotas de participación en el mercado del papel tissue.
Pero más allá del escándalo e indignación causados por la denuncia, el “caso Confort” ha puesto en evidencia uno de los rasgos más característicos, pero al mismo tiempo negado, del gran empresariado chileno: su aversión a la competencia y la obtención de suculentas ganancias basadas en la posición cuasi monopólica que detentan en los mercados.
Corría el año 2000, y el expansivo rubro del papel tissue era encabezado por dos compañías nacionales que controlaban desigualmente la totalidad del mercado. Mientras la CMPC –empresa ancla de la familia Matte- ostentaba el 76% de las ventas anuales, PISA –hoy SCA, de propiedad sueca, pero en ese momento bajo el control de Gabriel Ruiz-Tagle- alcanzaba el restante 24%.
El ingreso de un nuevo contrincante durante ese año, sin embargo, alteró la situación de dicho rubro –de rasgos claramente oligopólicos- desatando la reacción de un gran empresariado poco acostumbrado a obtener sus utilidades en base a prácticas de libre mercado. En efecto, al ingresar la marca Acuenta –propiedad de D&S, hoy Walmart- al mercado del tissue, en vez de activarse una dura competencia que bajara los precios, las dos empresas dominantes acordaron coludirse para fijar las tarifas y las cuotas de participación en el mercado por los siguientes 10 años.
Conocidos estos hechos, la condena de los grupos y gremios empresariales no se hizo esperar. Con distintos grados de dureza, se han lamentado los graves perjuicios que este nuevo escándalo significará para su propia legitimidad ante la sociedad, así como también el daño producido al correcto funcionamiento de los mercados y la competencia en Chile. Por ejemplo, el gremio de la Sofofa suspendió de sus derechos gremiales a la empresa CMPC hasta que finalice la investigación, mientras que algunas empresas han anunciado que reforzarán la formación en ética de sus altos ejecutivos para fomentar en ellos los “valores” del libre mercado.
El gobierno, en tanto, como una forma de recuperar el aliento, encabeza una dura ofensiva contra los “abusos empresariales”. Aceleró el envío de un proyecto de ley para aumentar las penas contra la colusión, ofició al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles perjuicios fiscales y mandató al Sernac a presionar por medidas compensatorias para los consumidores.
En definitiva, la elite criolla respira tranquila, ya que, pese a la gravedad de los hechos, aseguran que en Chile las instituciones funcionan. Sin embargo, tal como ocurrió en el caso Chispas o en el Cascadas, se omite el hecho de que los alegatos originales fueron impulsados por empresas extranjeras. En el “caso Confort”, la alerta también vino desde fuera: una investigación en Colombia llevó a la FNE a investigar el mercado del tissue en el país, otra por prácticas anticompetitivas en Perú les permitió a los Matte autodenunciarse. En ese sentido, más que la alabada eficacia de las instituciones económicas locales, ha sido la presión de los mercados internacionales o bien el alegato de grandes grupos económicos multinacionales, lo que ha forzado el accionar de los organismos fiscalizadores.
Concentración de los grupos empresariales
La atención dirigida al “caso Confort” se ha centrado en la veracidad del testimonio de Eliodoro Matte, en los estándares éticos que deben cumplir los grandes empresarios o en la disputa legal entre CMPC y SCA por evitar las multas asociadas a la colusión, a la vez que se intenta sopesar el daño que ella le generaría al buen desenvolvimiento de la libre competencia. No obstante, el acaparamiento de los mercados y la eliminación de los competidores no son problemas de orden moral ni una práctica aislada de ciertos grupos empresariales y sus altos ejecutivos. Son formas de acción empresarial que están en los orígenes, crecimiento e internacionalización de los grandes grupos empresariales chilenos.
Es que la oligopolización empresarial (cuyos excesos son la colusión, pero en ningún caso el problema se reduce a ella) se encuentra presente en la mayoría de los mercados locales, diluyendo la posibilidad de que éstos se constituyan en tanto tales. Ello resulta dramático en el caso del negocio del papel si se considera de forma completa el rubro forestal del cual depende.
En efecto, el grupo Matte, a través del holding CMPC, controla toda la cadena de procesamiento del producto: incluyendo la forestal, del papel y sus derivados. Lo que los catapulta, junto al poderoso grupo de los Angelini, como uno de los principales colosos de la industria papelera en el mundo. En consecuencia, la posición dominante de CMPC en el mercado del papel –y específicamente en el segmento tissue- se sostiene en el control cuasi monopólico de la producción, distribución y comercialización del producto, tornando aún más prístina la aversión a la competencia que está en los inicios del cartel descubierto.
Por lo tanto, son estas prácticas no competitivas, sustentadas en las oscuras privatizaciones de los años ochenta y en las distintas formas de colonización empresarial sobre la política en democracia, las que permiten el surgimiento y proyección de un gran empresariado local oligopólico como nunca antes se había observado en la historia chilena. Particularmente, porque en prácticamente todos los rubros económicos se registran dos o tres actores que controlan el mercado respectivo, siendo responsables de la quiebra o encadenamiento de miles de pequeños y medianos productores que luego quedan sujetos al poder de los distintos carteles económicos. De tal suerte, el gran empresariado les fija precios, cuotas de venta y fechas de pago, así como también les traslada el control de una parte de la fuerza de trabajo.
Subvención estatal a las utilidades del empresariado
Pero si el acaparamiento de los mercados se advierte como un camino nada extraño en medio de la concentración económica imperante, los particulares rasgos que muestra la posición dominante de los Matte, tanto en el mercado forestal como en el del papel, ilustran otro de los pilares que explica el surgimiento y proyección del gran empresariado local: el permanente subsidio estatal a sus utilidades. Precisamente, desde mediados de los años setenta, el Estado chileno ha venido subsidiando a la industria forestal: primero, con la privatización de Inforsa (de la que se apropia el grupo Matte), y luego a través de una ley de fomento forestal que, promulgada en 1974, ha subsidiado el costo de las plantaciones y ha otorgado exenciones tributarias a los participantes del rubro.
Pero no obstante aquello, tras décadas de acumulación original subsidiada estatalmente, la eventual eliminación del beneficio a la replantación de bosques no tendrá mayor perjuicio en grupos del tamaño de los Matte o los Angelini, cuyas utilidades se explican, cada vez más, por los flujos que provienen del proceso de internacionalización llevado adelante sobre distintos mercados de América Latina.
Este proceso de internacionalización ha sido liderado por grupos como el de los Matte (también por los Luksic, Angelini, Paulmann, Cuneo-Solari y Said), el cual, en base a la estrategia empresarial que combina acaparamiento de mercados, la eliminación de la competencia y el beneficio de los subsidios estatales, ha acumulado un capital suficiente para salir a competir a los mercados internacionales. De la mano del segmento tissue, que ha encabezado su expansión latinoamericana, este grupo detenta el control del 80% del mercado en Uruguay, el 56% en Perú y el 43% en Argentina (alcanzando, además, posiciones relevantes en Colombia, México y Brasil).
Pero si su ingreso a estos mercados fue competitivo en un comienzo, su inercia rentista ha terminado primando, al punto de que la colusión para asegurar sus utilidades también parece estar presente en sus empresas en Perú y Colombia (países en los cuales, hasta ahora, se han abierto investigaciones).
Por tales razones, la colusión hoy denunciada (que es la forma más desembozada de concentración económica) en el mercado del papel tissue -y antes en el mercado avícola, de las farmacias o de valores-, no son fallas de mercado o actos impropios de personas específicas que dan rienda suelta a su codicia y ambiciones de poder; tampoco refiere a un problema ético, ni de una interferencia a la libre competencia; se trata, en definitiva -para mayor gloria futura de la FNE y del TDLC- de un comportamiento anclado en la propia racionalidad rentista del gran empresariado nacional. A pesar de los esfuerzos discursivos por mejorar la libre competencia del modelo chileno, lo cierto es que en Chile la existencia de mercados competitivos -y no el Estado- es el ideologismo predominante.
En suma, pese a que el gran empresariado ha abrazado el discurso de la libre competencia y los valores del emprendimiento, al tiempo que desdeña de una sociedad articulada en derechos y en la organización colectiva, los hechos demuestran que su accionar se sustenta, precisamente, en un actuar colectivo y en una desconfianza permanente hacia los mercados. En ese sentido, el capitalismo chileno descansa en un gran empresariado que creyendo en el lucro, descree de la competencia y busca saltarse cualquier atisbo que la proyecte.
