Sin duda el correcto uso de los recursos públicos -hoy más que antes- está sujeto al rol fiscalizador de la ciudadanía y la comuna de Coquimbo no es la excepción.

De ello dan cuenta las agrupaciones ciudadanas “Acción Coquimbana” y “Denuncias Coquimbo”, que critican y tildan de excesivo el gasto en el cual incurre el municipio porteño por concepto de arriendo de inmuebles para su funcionamiento, que sobrepasa los $500 millones anuales.

A esta postura también se sumó el concejal radical Juan Alcayaga, quien aseguró que parte del Concejo Municipal porteño ha demostrado su preocupación y molestia a la administración comunal por la situación antes descrita.

Considerando además que existía el compromiso de tener rehabilitado a mediados de este año el edificio municipal de calle Bilbao (siniestrado en enero del 2013) para reducir el impacto económico en las arcas edilicias. Cosa que no se concretó, teniendo que arrendar más de 20 dependencias en la actualidad.

A lo señalado, se agrega el malestar a causa de los retrasos en las obras del nuevo edificio consistorial porteño que se levanta en la Avenida Varela de la ciudad puerto.

En julio se informó que debido a inconvenientes para evacuar las aguas subterráneas del terreno donde se construye y la difícil instalación de las fundaciones de la estructura, se aplazaría en seis meses la entrega del recinto fijada inicialmente para el mes de marzo del 2016. Sin embargo, el tsunami del mes de septiembre generó nuevos problemas.

El ojo de la comunidad

Sergio Pizarro, dirigente de la agrupación ciudadana “Acción Coquimbana”, aseguró que “los coquimbanos consideramos que la cantidad de $500 millones que está desembolsando el municipio para el arriendo de inmuebles al año es excesiva. Aquí se está malgastando el dinero de todos y nos corresponde pedir explicaciones”.

El dirigente social argumentó su visión, indicando que desde el año 2013 está inhabilitado el recinto de calle Bilbao y que se invirtieron recursos para su puesta en valor.

“Aun siendo la mejor solución para juntar a los servicios en un solo lugar y entregar un buen servicio a la comunidad el trabajo no se ha hecho. Mientras el despilfarro de recursos continúa y la gente debe trasladarse de un lugar a otro con muchos inconvenientes”, dijo Pizarro, quien finalizó consignando la necesidad de revisar los contratos y los dineros que se cancelan por concepto de arriendo de inmuebles en la actualidad.

Por su parte, Guido Hernández, presidente de la agrupación ciudadana “Denuncias Coquimbo”, durante este año presentó un escrito a Contraloría para solicitar su pronunciamiento respecto al pago de $11 millones mensuales que realiza el municipio de Coquimbo, por concepto de arriendo de un inmueble en la Avenida Alessandri de la ciudad. Esto al considerarlo excesivo y las condiciones en las cuales fue ocupado el lugar, aun no siendo recibido por la Dirección de Obras Municipales.

“Creemos que el dinero de todos debe ser usado de manera eficiente y no malgastado. Por ello presentamos un requerimiento a Contraloría para que aclare el pago de dineros por arriendo de algunos inmuebles municipales y sobre todo el de AV. Alessandri, que no reúne las condiciones para su funcionamiento y por el cual se paga un monto exorbitante”.

“Hay responsabilidades administrativas que se deben aclarar.No es posible que $500 millones al año se destinen a arrendar recintos, siendo que el municipio posee lugares propios y la gente necesita de estos recursos”, concluyó Hernández.

Visión critica del concejal

El concejal de Coquimbo, Juan Alcayaga, respaldó la postura de las organizaciones ciudadanas e informó que hace unos días se analizó el problema existente.

“El gasto en arriendo de inmuebles que sobrepasan los 20 es excesivo. Por ello hacemos hincapié a la Secplan y al alcalde en la necesidad de recuperar el recinto de Bilbao, que aproximadamente tendría un costo de reparación de $300 millones. Con ello se unifican los servicios y se da mayor comodidad y dignidad a los funcionarios y usuarios”, aseguró.

Además, Alcayaga se refirió al presunto pago elevado por un recinto municipal, y detalló que un caso emblemático es del edificio de Alessandri.

“Hay un dictamen de Contraloría que señala la necesidad y obligación de un acuerdo municipal para tomar en arriendo este inmueble debido al alto valor cancelado, y no se hizo. A esto se suma que el lugar nunca estuvo recibido por la Dirección de Obras y de acuerdo a la ley no puede ser habitable y mucho menos estar al servicio de la comunidad. Esperamos que esto se solucione. Hoy se hace un daño al patrimonio municipal y no se entrega un buen servicio a la comunidad”, finalizó.

Las soluciones están en marcha

Ante los dichos de la ciudadanía y el concejal Juan Alcayaga, diario El Día quiso conocer la respuesta de la administración comunal de Coquimbo.

Ante las críticas formuladas, Luis Henríquez, secretario de Planificación Comunal, enfatizó que se está trabajando para dar solución a una problemática que se arrastra desde hace años en la comuna.

“Una de las razones por las cuales se justifica el proyecto del nuevo edificio consistorial, es porque justamente se destina una gran cantidad de recursos al arriendo de inmuebles, que este 2015 llegará a los $500 millones”, expresó Henríquez.

Además precisó que “para continuar con la construcción del proyecto es necesario concluir con su evaluación tras el tsunami, lo que es llevado a cabo por las empresas de seguros comprometidas. Sin embargo, esperamos que a partir del 15 de diciembre se remonten las obras”.

El secretario de Planificación Comunal también se refirió respecto al edificio de calle Bilbao que se debe recuperar y detalló que “informamos al concejo que una primera intervención fue la estructura de techo que se repuso completamente. Ahora está programada la habilitación definitiva para que pueda funcionar como un recinto complementario y esto se contempló en el presupuesto del 2016”.

En tanto, Henríquez también abordó las críticas en torno a los valores cancelados por el arriendo de algunos inmuebles y señaló que se dio cuenta de que el rango de valor por metro cuadrado y la cantidad de funcionarios destinados a ellas, justifican los recursos que se pagan regularmente.

“En el último concejo municipal se mostró un dictamen de contraloría que realizó algunas indicaciones de índole administrativas, pero en ningún caso cuestionó al valor de un inmueble”, concluyó.