Siete funcionarios del Congreso entregaron su testimonio ante los jueces el martes, durante la séptima jornada del juicio en contra del desaforado senador, Carlos Bianchi.

El juicio avanza con los detalles de las pericias y las preguntas de los intervinientes a los funcionarios que viajaron desde la región de Valparaíso a Magallanes, para ser interrogados por cerca de una hora cada uno.

El fiscal del caso, Juan Agustín Meléndez, señaló respecto a los dichos del secretario general del Senado, Mario Labbé, que los contratos de arriendo entre un parlamentario y un familiar no estaba prohibido, pero fue enfático en decir que tampoco estaban permitidos.

“En la declaración del secretario general del Senado, se dijo que no estaba prohibido a los senadores arrendar sedes parlamentarias a familiares, pero agregó que no estaba permitido, por lo tanto es muy claro que no estaba prohibido pero tampoco permitido”, dijo el fiscal.

Meléndez aseveró que “se ha avanzado mucho en el juicio y hoy (el martes) han quedado muchos puntos claros, como que ya no existen dudas que estos arrendamientos de sedes parlamentarias se pagaban con fondos del Senado, de las cuentas corrientes que son del Senado, y que los fondos que se incorporan en estas cuentas corrientes del Senado provienen del presupuesto del Senado y, por lo tanto, son fondos públicos”.

Agregó que “ese era un punto que para nosotros era interesante dejar en claro y establecido, que el arriendo de la sede parlamentaria fue hecho con fondos públicos, que son aquellos que les llegan por vía de Ley de Presupuesto al Senado de la República. En otras palabras, el Senado de la República fue el que pagó el arriendo de la sede parlamentaria”.