El nuevo ataque en Arauco, donde resultó herido un menor de 14 años, dejó en evidencia que la seguridad sigue siendo tema pendiente en la provincia. Llamados de renuncia a las autoridades, querellas interpuestas sin resultados, el rol del Ministerio Público y el sistema garantista son parte de los elementos cuestionados.

La violencia es una constante en Arauco. Tanto ha sido el convivir con esta realidad que desde el Gobierno incluso la tienen tipificada: está la violencia entre comunidades, está la violencia en el contexto del robo de madera, y está la violencia de la delincuencia común.

Tres tipos, y sin dudas hay más, que hoy tienen capturada a la Provincia de Arauco. Cada vez que uno de estos casos adquiere connotación pública, el Gobierno se apura en condenar “de la forma más enérgica” las acciones y se anuncian querellas, y ya van alrededor de 30, sin resultados.

Con cada hecho, las autoridades le entregan “toda su solidaridad a las familias afectadas, instalan sus querellas y pegan golpes en la mesa”, hasta el siguiente fenómeno.

El intendente Rodrigo Díaz, responde con una experiencia que califica como “innovadora” a la delincuencia: un Plan Cuadrante Rural.

Desde la oposición la situación es insostenible. El diputado Enrique van Rysselberghe, apuntó sus dardos a la autoridad política.

El senador Víctor Pérez, reclama explicaciones del Ministerio Público.

Y el Gobernador de Arauco, Humberto Toro, deja en claro que las policías han trabajado bien, porque tienen los nombres, direcciones, y todos los datos personales de quienes protagonizan actos delictuales, pero cuando el Ministerio Público los lleva ante la justicia, se ven protegidos por el sistema garantista.

Hay constantes también positivas, como las ganas de surgir, de aprovechar el potencial de la zona, de vivir en un ambiente tranquilo. Estos son anhelos que se ven entrampados por un ambiente, que vista la discusión, presenta al Estado amordazado… y de hecho, a los delincuentes libres.