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Diputados aprueban proyecto que endurece sanciones contra la colusión

Pablo Ovalle | Agencia UNO
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Por unanimidad (106 votos), la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Ley ingresado en marzo por el Ejecutivo que fija penas de cárcel para los casos de colusión, junto con elevar las multas aplicables y fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Ahora el proyecto pasará al Senado en segundo trámite legislativo.

De manera transversal, las bancadas felicitaron tanto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, como al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, por la labor desarrollada en la gestión del proyecto.

Entre los puntos que destacan se encuentra la fijación de penas de entre 5 años y un día a 10 años de cárcel para los condenados por colusión, con pena privativa de libertad efectiva por al menos un año antes de poder optar a beneficios (al igual que la Ley Emilia).

El proyecto tipifica el delito de colusión, en lo que respecta a la fijación de precios, limitación de la producción o provisión, repartición de cuotas de un mercado de bienes o servicios o afectar el resultado de licitaciones convocadas por el Estado.

El diputado Carlos Abel Jarpa valoró que la iniciativa contemple sanciones superiores al beneficio que obtienen las empresas producto de la colusión, ya que “quienes quieran cometer los delitos lo van a pensar más de una vez”.

Pese a haber respaldado el proyecto, el diputado de Amplitud Joaquín Godoy lamentó que éste no abarque la concentración de los mercados que, a su juicio, es gatillante de los casos de irregularidades.

En tanto, el DC Fuad Chahín destacó que la disposición votada es “un proyecto contundente” y que desincentive la comisión de este tipo de delitos.

Colusión del papel seguirá regido por legislación antigua

Si bien el proyecto se reactivó a raíz del caso de la colusión de CMPC y SCA por el mercado del papel tissue, esta legislación no cubriría este aspecto que se deberá regir por el margo legal antiguo.

Así lo señaló el diputado Leonardo Soto, que sostuvo que los nuevos casos serán los que se vean afectados por la norma.

Una de las falencias que algunos han advertido en este proyecto es la atribución exclusiva de la Fiscalía Nacional Económica para presentar querellas en este tipo de delitos, lo que faculta posteriormente al Ministerio Público a iniciar una investigación.

Los reparos apuntan a que se puede replicar los conflictos que ha vivido el ente persecutor y el Servicio de Impuestos Internos por los casos de financiamiento ilegal a la política, ya que el organismo recaudador es el que puede interponer exclusivamente querellas por delitos tributarios. Esto, según ha reconocido el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, limitó algunas indagatorias relevantes.

Pese a ello, el diputado DC Sergio Espejo cree que el mejor camino es dejar que un solo organismo tenga la atribución de fijar querellas, tal como recomendaron expertos durante la discusión en la comisión de Economía.

El problema para los que acusan falencias es que el fiscal nacional económico es una autoridad puesta por el gobierno de turno y el Ministerio Público, al ser un organismo autónomo, podría dar mayores garantías de imparcialidad. Esto, a propósito de la discusión de por qué la FNE no ha entregado a la Fiscalía los antecedentes de la investigación por el caso que involucra a CMPC y SCA.

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