La colusión de las empresas volvió a estar en la agenda pública tras el denominado caso del “cartel del confort”. Ahora, una investigación en Perú involucra a la empresa Lipigas en una coordinación para fijar precios del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Según publica Diario Financiero (DF), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), inició una investigación en julio contra las empresas Repsol Gas del Perú SA, Zeta Gas Andino SA, Llama Gas SA, Forza Gas E.I.R.L y Lima Gas SA, esta última corresponde a una filial de Lipigas, del grupo Yaconi-Santa Cruz e inversionistas locales, entre ellos Andrónico Luksic y Leonidas Vidal.
Indecopi indicó a DF que “el caso del GLP se ha iniciado una investigación contra varias empresas que operan en el país que habrían concertado los precios para vender el balón de gas y actuar en contra de los consumidores peruanos“.
“El GLP es un producto muy masivo que se usa para cocinar y que afecta directamente a la persona, al poblador. Incluso hay personas, no sólo empresas, sino también personas naturales, que son parte de las empresas que han participado en el planeamiento y ejecución del cartel de precios“, añadió la entidad.
Al respecto, Ángel Mafucci, gerente general de Lipigas, señaló a DF que la investigación “está en una etapa inicial y la autoridad aún no ha revelado los indicios probatorios sobre los que se sustenta el proceso“.
Además agregó que “se trata de una investigación de oficio –sin denuncia de por medio- que lleva adelante Indecopi en Perú y fue notificada a cinco distribuidoras de gas licuado del país vecino en julio de 2015. La investigación se centra en un período anterior a 2011, cuando la propiedad y administración de Lima Gas eran distintas a las actuales. Empresas Lipigas compró Lima Gas en 2013″.
“Hemos tomado la investigación con la máxima seriedad, como corresponde en estos casos, y estamos colaborando activamente con la autoridad. Estamos realizando una revisión interna para confirmar el correcto funcionamiento de los procesos comerciales y así colaborar con la autoridad en esclarecer cualquier duda que pudiera tener”, concluyó Mafucci.
