Por decisión de la Contraloría, la Municipalidad de Chiguayante anulará las sanciones administrativas impuestas a ocho funcionarios investigados en un sumario por presuntas irregularidades en un contrato de maquinaria deportiva para plazas.
Los ocho sancionados deberán ser reintegrados y recibirán el reembolso del dinero con que se los castigó, según impone el organismo contralor.
La investigación se inició en abril de 2013 y los funcionarios estaban cuestionados por un contrato de provisión y mantención de máquinas de ejercicios físicos que involucró 670 millones de pesos.
Los afectados reclamaron a la Contraloría, que apoyó su postura y dejó todo sin efecto. Así lo comentó Marco Muñoz, uno de los investigados, quien fue suspendido por ocho meses.
Muñoz agregó que el sumario obedeció a una persecución política por su cercanía con el anterior jefe comunal, Tomás Solís.
Para el jefe de control Miguel Guerrero, otro de los funcionarios castigados, el actual alcalde Antonio Rivas cometió un error que empieza a enmendar.
Aunque Contraloría obliga a retrotaer el sumario a la etapa indagatoria, para que el municipio pondere nuevamente los hechos, los afectados esperan que no insista en un tema sin fundamento.
