Ninguna de la larga lista de recomendaciones hechas por el ombudsman de México a la fiscalía para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un año en Guerrero (sur) ha sido atendida satisfactoriamente, denunció el domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El ombudsman elaboró esas propuestas en julio pasado después de analizar la conclusión de la fiscalía, que apunta a que los estudiantes fueron masacrados e incinerados en un basurero de Guerrero y sus restos arrojados a un río de la zona, pese a que sólo uno fue identificado en análisis hechos a restos encontrados en esa área.
Esa conclusión ha sido cuestionada por organismos internacionales como la CIDH, que creó un grupo de expertos que investigó el caso in situ durante seis meses.
De 26 recomendaciones, dos fueron “atendidas parcialmente”; una tuvo “avance mínimo”; tres se encuentran “en vías de atención” y 20 “no fueron atendidas”, desmenuzó la CNDH.
La respuesta de la fiscalía es “insuficiente e imprecisa”, recalcó.
Esa institución jurídica “debe enfocarse en el desahogo de las diligencias ministeriales pendientes de realizar hasta el día de hoy”, remató la CNDH.
Los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala inmediatamente después de ser baleados por policías corruptos y sicarios del cartel Guerreros Unidos. La fiscalía dice que fueron confundidos con la antagónica agrupación de narcotraficantes denominada Rojos.
El caso “ha probado el grado de barbarie” y “abandono de la Ley”, sentencia la CNDH en el texto de sus recomendaciones a la fiscalía.
Entre sus propuestas figura investigar “¿por qué motivo los alumnos fueron llevados a Iguala?, ¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado?”.
Sugirió también recabar declaraciones de militares de la zona, quienes, según la fiscalía, no actuaron porque no tenían la orden de hacerlo. Esa noche, la balacera dejó seis muertos, uno de ellos además fue desollado, y varios heridos, entre los que se encuentra un joven en coma.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero”, señaló en septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la CIDH, que reclamó esta semana información completa de crematorios privados de la zona.
