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Oficina de Sernapesca sufre violento ataque en Talcahuano

Pedro Cid (RBB)
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Desconocidos destruyeron los ventanales de las oficinas de Sernapesca en Talcahuano, violenta acción que las autoridades atribuyen a un afán intimidatorio por la labor fiscalizadora de los funcionarios. Aunque en el lugar se hallaron panfletos donde el movimiento juvenil Lautaro se atribuía el ataque, no hay elementos suficientes para corroborar el origen y motivación.

Destrozados terminaron ocho ventanales de Sernapesca de Talcahuano, en avenida Colón, luego que esta mañana desconocidos lanzaran botellas con pintura, las que dejaron inutilizadas al menos cuatro oficinas.

Se encontraron panfletos firmados por el movimiento juvenil Lautaro, en que se justifica el ataque, sin elementos incendiarios, por el perjuicio que la Ley de Pesca provoca a los pescadores artesanales y en contra los empresarios en general.

El guardia del recinto vio cómo los cinco involucrados bajaron de un taxibús poco antes de las seis de la mañana.

La gobernadora Andrea Muñoz llegó al lugar para repudiar los hechos y dialogar con los funcionarios atemorizados, que han visto incrementar los actos en su contra en las últimas semanas.

La directora regional de Sernapesca, Marta Araneda, admitió un hostigamiento creciente a los funcionarios encargados de la fiscalización, aunque sin acusar a nadie.

El fiscal adjunto de Talcahuano, Juan Yáñez, confirmó el hallazgo de panfletos, pero no pareció convencido de que el movimiento Lautaro este detrás del incidente.

Para algunos, podría tratarse de un ataque en venganza por el decomiso de 7.500 toneladas de harina de pescado de origen no acreditado, a la empresa Bahía Coronel del grupo Errázuriz, revelado a fines de septiembre.

Por otro lado, el miércoles recién pasado se levantó la veda de sardina y anchoveta para los pescadores artesanales de la región del Bío Bío, desembarcos que deben ser fiscalizados por Sernapesca.

La asociación de funcionarios del servicio emitió un comunicado repudiando el hecho e informando que tras una asamblea decidieron realizar sólo la recepción de documentación para control de cuotas y la fiscalización en terreno, como protesta a la inseguridad que los afecta.

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