En prisión preventiva quedaron dos jóvenes de 22 años -uno de ellos jugador de Club de Deportes Temuco- tras asaltar al concejal de Traiguén Essio Guidotti al interior del estacionamiento subterráneo del Casino de Juegos Dreams.

Poco antes de la medianoche de hoy el concejal en Traiguén llegó al citado recinto de entretenimiento ingresando al estacionamiento subterráneo con acceso por calle Recreo, donde al descender de su vehículo fue inmediatamente amenazado por dos personas con un arma de fuego, tal como el propio afectado lo narró a Radio Bío Bío.

Guidotti enfatizó en la agresividad de los asaltantes que a ratos trataban de cubrir sus rostros con su vestimenta, confirmando que tras perpetrar el delito huyeron.

Testigos que anotaron la patente del automóvil en que se desplazaban los asaltantes, aportaron los antecedentes a Carabineros del Servicio de Investigaciones Policiales, SIP, de la Octava Comisaría, quienes lograron ubicar el domicilio de su propietario, en cuyo poder fue encontrada la mochila y parte de lo robado.

Posteriormente se arribó a la casa de un segundo implicado, quien también fue detenido.

En la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, extrañamente el juez de Garantía de turno en Temuco, Federico Gutiérrez acogiendo una solicitud de la defensa y esgrimiendo una crítica personal hacia el trabajo de los medios de comunicación que a su juicio desinforman en vez de informar y atentan contra la presunción de inocencia de los imputados, prohibió difundir las identidades y rostros de los dos detenidos.

De todas formas uno de ellos se identificó ante el juez, como jugador de Club de Deportes Temuco y el segundo como estudiante de segundo año de técnico de prevención de riesgos de un Instituto de Temuco.

El fiscal Roberto Garrido, inició una investigación en contra de ambos jóvenes por el delito de robo con intimidación, pese a que la defensa informó que el arma usada para amenazar a la víctima es de fantasía.

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva por considerar el juez que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, autorizando tres meses de plazo para el cierre de la causa.