La demolición del gimnasio del Liceo A-21 de Talcahuano dejó en evidencia la falta de fiscalización y las falencias del sistema a la hora de evitar que “errores y horrores de cálculo” de estas características se repitan. En este aspecto, el seremi de Educación comparó el gimnasio con el puente Cau Cau, el puente Bicentenario y el edificio Alto Río.
Ante el Consejo Regional expusieron las autoridades de Educación y de Talcahuano, para entregar los antecedentes que rodearon la licitación y construcción del Gimnasio del Liceo A-21 -que se tendrá que demoler- además de las acciones que corresponde realizar ahora para perseguir responsabilidades.
Fueron más de 500 millones de pesos los que aprobó el Core para la realización de esta infraestructura deportiva, por lo que los sumarios internos de las instituciones y las acciones ante el Consejo de Defensa del Estado son relevantes.
Queda en evidencia que hay un sistema que no está salvaguardando los recursos públicos, porque se da la paradoja que las propias empresas pagan las instancias privadas de control.
El seremi de Educación, Sergio Camus, sentenció de hecho, que el gimnasio del A-21 no es el único.
Las conclusiones de la jornada apuntaron a que los recursos públicos se perseguirán, sea quien sea el culpable, insistió el consejero Claudio Eguiluz.
Control que debe comenzar por las carteras que cuentan hoy con los profesionales públicos, sentenció el presidente de la Comisión de Fiscalización del CORE, Hugo Cautivo.
Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, no advierte responsabilidades del municipio, aún cuando está dispuesto a asumirlas si se llegara a determinar.
Eso sí Saavedra hace la salvedad que el mandante de la obra fue el Ministerio de Educación, que adjudicó la licitación a la empresa Pecsa, la misma que construyó todo el Liceo A-21.
