Un bono de 792 mil pesos, distribuido en ocho cuotas de 99.000 pesos con un costo total de 2.494 millones 800 mil pesos sería el “piso mínimo” que los funcionarios del Registro Civil estarían exigiendo al Gobierno para cerrar un acuerdo que dé fin al paro que mantienen desde el 29 de septiembre.
Así se establece en un documento que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, dejó al descubierto durante una conferencia de prensa que realizó en el Palacio de La Moneda y cuya imagen difundió la agencia de noticias UNO.
El martes 27 de octubre, pasado un mes de la movilización, se produjo el primer acercamiento entre el Gobierno y los funcionarios, pero la propuesta que se presentó entonces fue rechazada y se generaron duras acusaciones cruzadas entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y la líder de Anercich, Nelly Díaz. Desde entonces se han sucedido reuniones sin éxito.
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Este miércoles la situación se produjo una vez más con la ministra Blanco anunciando que no se pagarán sueldos a los funcionarios que han participado de la movilización e instando a los trabajadores a honorarios cuyo contrato vence en diciembre a retomar sus labores, dichos que Díaz calificó de amenazas y que replicó señalando que “cuando uno se desespera habla cosas que no corresponden”.
El Gobierno descartó implementar un bono asociado a la cantidad de atenciones realizadas por cada funcionario, que constituía un costo de 4.800 millones de pesos, y ha estado ofreciendo reformular el bono por calidad de atención que ya reciben.
La exigencia de Anercich se fundamenta en un protocolo de acuerdo firmado en agosto en el que el Ministerio de Justicia y la Dirección del Registro Civil se comprometieron a proponer a la Dirección de Presupuesto “un sistema de incentivo remuneracional que reconozca la labor de los funcionarios”.
De acuerdo al documento que dejó ver la ministra Blanco en La Moneda, en los avances en las conversaciones se planteó la “creación de un nuevo instrumento cuyos criterios serán establecidos en una mesa técnica”, algo que es bien visto por los funcionarios.
Documento en manos de la ministra Blanco | Cristóbal Escobar | Agencia UNO
