66 votos a favor y nueve abstenciones de legisladores de la UDI sellaron la creación de una comisión en la Cámara de Diputados, para indagar las responsabilidades políticas y administrativas en el fraude al fisco ocurrido al interior del Ejército, con la Ley Reservada del Cobre.
Los antecedentes que fundamentan la comisión investigadora son los cerca de 1.800 millones de pesos que cinco funcionarios del Ejército habrían obtenido mediante facturas ideológicamente falsas, provenientes de la ley reservada.
Parte de los recursos se utilizaron en “casinos, propiedades, caballos y fiestas”, según el relato de uno de los uniformados, que se encuentra procesado y detenido por defraudación fiscal, al igual que los otros cuatro funcionarios.
El diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, señaló que “los montos y el número de personas involucradas” debería aumentar con el desarrollo de la investigación penal, liderada por la Fiscalía Centro Norte.
Pilowsky aseguró que es importante la comisión, porque es relevante, a su juicio, iniciar una discusión sobre la derogación de la Ley Reservada del Cobre.
Opinión similar tuvo el senador independiente cercano al Partido Radical, Alejandro Guillier, quien afirmó que “en democracia, el financiamiento de todas las instituciones debe ser determinado en el Presupuesto Nacional”.
El parlamentario pidió, al Ejecutivo, celeridad para tramitar el proyecto que elimina la Ley Reservada del Cobre, por un financiamiento plurianual, con un fondo de contingencia aprobado por el Parlamento.
La postura de los legisladores oficialistas fue respaldada desde el directorio de Codelco, por el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, quien también solicitó premura en la discusión legislativa.
La comisión investigadora del fraude al fisco en el Ejército realizará algunas sesiones secretas, sólo cuando esté justificado, según detallaron desde la Nueva Mayoría. El grupo parlamentario tiene 120 días para entregar su informe.
