En el marco del caso de colusión entre las empresas CMPC y SCA (ex PISA), que se coordinaron para controlar los precios y las cuotas del mercado de los productos tissue (papel higiénico, toallas de papel, servilletas, entre otros), se nombró a un fiscal especial para que investigue al “cartel del confort”.

El cargo será ocupado por Cristian Galdames, fiscal jefe de Puente Alto, tras la decisión del persecutor metropolitano sur, Raúl Guzmán.

Galdames investigará el caso de colusión desde el ámbito penal relacionado con delitos como la alteración fraudulenta de precios.

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La medida se pudo tomar gracias a una denuncia de acción pública presentada el viernes pasado por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD).

Esta es una investigación paralela a la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Tribunal de Libre Competencia.

Según fuentes de Radio Bío Bío, una de las primeras diligencias que pedirá Galdames, será solicitarle a la FNE acceso al expediente del caso de colusión.

En tanto, Marcos Pastene, jefe de la unidad jurídica y vocero de la fiscalía sur no descartó que entre las diligencias se cite a declarar como imputados a los miembros del directorio y máximos ejecutivos de ambas compañías.

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Por su parte, el diputado Farcas considera que Eliodoro Matte y Gabriel Ruiz-Tagle deben declarar “como imputados porque deben dar una explicación al país”.

Cabe señalar que debido a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, la fiscalía sería competente sólo para la mitad de los antecedentes, el resto pasará a la justicia antigua.