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Empresariado se muestra reacio a restituir penas de cárcel por casos de colusión

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El mundo político y empresarial fue generoso en utilizar calificativos para el caso de colusión que involucra a CMPC, del grupo Matte, y SCA -ex Pisa-, antiguamente controlada por Gabriel Ruiz-Tagle, quien fuera ministro de Deporte de Sebastián Piñera.

El cartel que operó entre 2000 y 2011 afectó al mercado del papel tissue, es decir, papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales.

La presidenta Michelle Bachelet recordó actos de colusión anteriores y catalogó el cartel denunciado por la Fiscalía Nacional Económica como un hecho de la máxima gravedad.

Recordó también que el Gobierno envió en marzo de este año un proyecto de ley que endurece las sanciones contra las personas que atenten contra la libre competencia, incluyendo la restitución de la pena de cárcel para la colusión.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló por su parte que el surgimiento de este nuevo caso de colusión que calificó de “reprochable” podría acelerar la tramitación del proyecto de ley.

Eso sí, se desmarcó de la posición oficial del Ejecutivo sobre la restitución de penas de cárcel, señalando que es un tema debatible.

El gran empresariado también fue enérgico en repudiar el “cartel del papel”. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann von Mühlenbrock, aseguró que la colusión CMPC-SCA es lamentable, dañina, y afecta la fe pública del sector privado y a la sociedad.

Sin embargo estableció diferencias entre CMPC, empresa muy cercana a la Sofofa, y SCA, controlada anteriormente por Gabriel Ruiz-Tagle.

También destacó positivamente la autodenuncia de la compañía del grupo Matte, pese a que la acción fue posterior al inicio de la investigación.

Los que cometieron el ilícito fueron los ejecutivos, y el gobierno corporativo de la papelera funcionó. Hay que expresar que ellos se autoinculparon y creo que eso da fe de una actitud transparente, una actitud clara del directorio de los dueños de la empresa, y en el otro caso, la de Ruiz-Tagle, no me parece bien. Él habla de que hay una persecución política, me parece un poco pequeña la respuesta“, aseguró.

El líder de los empresario industriales evitó reiteradamente contestar si está a favor o en contra de las sanciones penales para la colusión. “Hay que estudiar castigos más duros”, fue parte de sus respuestas.

Más reacio fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, quien informó que la respuesta de la entidad fue pedir a los gremios asociados actualizar sus códigos de ética: “Es un tema bien complejo. Hay que ver… Los ejecutivos, en la persona que lo hace [hay que] distinguir de la empresa corporativa si hay o no responsabilidad. Lo que yo estoy a favor es que la colusión es un hecho gravísimo que debe ser condenado con la mayor fuerza“.

Esto va en dirección contraria a recomponer las confianzas y no ayuda al clima de negocios para mejorar la inversión y el crecimiento, agregó Salas.

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