Funcionarios de las gobernaciones y de la Intendencia, junto a dirigentes de la ANEF, presentaron una solicitud a la Contraloría Regional para que se pronuncie respecto de las medidas implementadas por el Gobierno en el marco del paro de los trabajadores del Registro Civil, las que califican como ilegales y que vulnerarían los derechos de los trabajadores.
María Paz Cueto, dirigente nacional de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), denunció presiones al interior de los servicios para que se cumpla con el plan de mitigación dispuesto por el Gobierno.
Además, se refirió a la ilegalidad que supone que funcionarios sean investidos como ministros de fe adjuntos en el marco de la celebración de Acuerdos de Unión Civil y matrimonios.
Cueto aseguró que la polarización de posiciones entre en Gobierno y los trabajadores del Registro Civil durante la semana es responsabilidad de las medidas implementadas por el propio Ejecutivo.
La presidenta de la ANEF de la región de Valparaíso, Mabel Zúñiga, cifró en un 90% la adhesión de los funcionarios en la zona en el marco del paro nacional y aseguró que el 63% de los trabajadores del servicio gana entre 500 mil y 900 mil pesos brutos.
La dirigente se refirió a las críticas que ha recibido el movimiento en la opinión pública y aseguró que todos los derechos que tienen los trabajadores actualmente, han sido ganados en la calle.
El intendente Gabriel Aldoney sostuvo que si el entre contralor tiene un criterio distinto “habrá que asumir las consecuencias” y se manifestó tranquilo al respecto.
Al interior de los servicios existen ciertas atribuciones que dan paso a presiones hacia los funcionarios, aseguró la dirigente de Fenaminsa, quien detalló que pese a las críticas y a la solicitud presentada a Contraloría no desatenderán los servicios en los próximos días.
