Con acciones legales, tanto el gobierno como la Policía de Investigaciones se hicieron parte de la causa generada tras el asesinato del subcomisario de la Brigada Antinarcóticos, Jorge Alarcón Alvear y por lo que hay dos personas imputadas.
El antecedente, en el caso del gobierno, fue confirmado a Radio Bío Bío por el intendente Andrés Jouannet, tras participar del funeral del policía, efectuado ayer en Victoria y por lo que están investigados Ramón Sandoval Torres y Rubén Herrera Navarrete.
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El director general de la PDI, Héctor Espinoza, confirmó además que el subcomisario Alarcón tiene calidad de mártir de la institución a su cargo, al tiempo que se refirió a la presentación de acciones legales.
Tras una misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Victoria, que fue sobrepasada en su capacidad ante la numerosa presencia de delegaciones de la Policía de Investigaciones procedentes de diversos puntos del país, además de representaciones del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, junto a familiares y vecinos del policía asesinado, el cortejo se trasladó al cementerio de Victoria.
Allí el alcalde Hugo Monsálvez, tras reiterar sus condolencias a la familia, despidió al policía.
Con palabras entrecortadas por la emoción, Darwin, el hermano del subcomisario y quien fue protegido con su vida por el policía, llamó a las autoridades a evitar que hechos como este se repitan.
Tal como ocurrió en la misa, cientos de personas, incluida una delegación de la Escuela de Investigaciones de Chile, acompañaron a la familia del policía hasta el cementerio municipal donde fue sepultado con honores y en presencia del mismo estandarte ante el cual juró ofrendar su vida si fuera necesario para proteger a sus semejantes.
