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EEUU: fiscal del caso López muestra falta de independencia judicial en Venezuela

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Las declaraciones del fiscal Franklin Nieves sobre presiones para utilizar pruebas falsas contra el opositor Leopoldo López muestran la falta de “independencia judicial” en Venezuela, afirmó este martes el vocero del Departamento de Estado, John Kirby.

“Uno de los fiscales en el caso de López dijo recientemente que sufrió presiones para continuar el caso basado en cargos ilegítimos y falsa evidencia. Si esto es verdad, las declaraciones destacan la falta de independencia judicial y respeto al debido proceso en Venezuela”, apuntó Kirby en una nota oficial.

Solicitando al gobierno venezolano “respetar los derechos de los presos políticos” y “garantizar juicios transparentes y justos”, el portavoz del Departamento de Estado reiteró el llamado a liberar a López y otros opositores presos.

En un video difundido el pasado viernes, Nieves dijo que salió del país junto con su familia por “presiones” del gobierno y sus superiores para defender la sentencia contra López a 13 años y nueve meses de cárcel, tras un juicio que tildó de “farsa”.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega negó sin embargo el lunes haber falseado pruebas contra López y atribuyó las declaraciones de Nieves a presiones externas.

Familia de López “en riesgo”

También este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que solicitó a Venezuela dictar medidas cautelares a favor de las familias de López y del también dirigente opositor Daniel Ceballos, tras considerar que su vida está en “riesgo”.

Seis meses después de pedir medidas cautelares para los opositores, la CIDH extendió la protección a sus esposas Lilian Tintori y Patricia Ceballos, y sus respectivos hijos, señalando que sus “derechos a la vida y la integridad personal” se encontrarían en una “situación de riesgo”.

Ese riesgo se “habría incrementado durante los últimos meses, a la luz de un alegado clima de polarización”, y la presunta continuación de actos de intimidación y violencia contra las familias de los opositores, afirmó el ente regional.

Las medidas a favor de Tintori y Ceballos, que fueron solicitadas a Caracas el 12 de octubre, contemplan que el gobierno venezolano tome acciones para garantizar la vida y la integridad de las dos mujeres y sus hijos (siete personas en total).

El gobierno venezolano deberá coordinar esas acciones con Tintori y Ceballos, convertidas en activistas por la liberación de sus esposos, e informar sobre su adopción a la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, en un plazo de dos semanas, con actualizaciones periódicas, señaló la Comisión.

La CIDH había solicitado en abril medidas cautelares a favor de López y Daniel Ceballos, detenidos por los hechos de violencia durante unas manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro en 2014.

Pero hasta el momento la Comisión, con sede en Washington, afirma que no ha recibido información del gobierno venezolano sobre la adopción de medidas de protección para los políticos.

Durante el 156º periodo de sesiones de la CIDH, Venezuela renovó sus cuestionamientos al ente regional, a la que acusa de haber apoyado el fallido golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de estar parcializada a favor de Estados Unidos.

“Venezuela permite la visita de la CIDH siempre (que) rectifique el error cometido de haber apoyado el golpe de Estado”, dijo el representante venezolano Germán Saltrón. “Mientras tanto no son dignos de visitar nuestro país”.

López fue sentenciado en septiembre a casi 14 años de cárcel bajo acusaciones de incitar a la violencia durante las protestas que dejaron 43 muertos.

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