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Reforma laboral: líder de CPC se reunirá con Bachelet buscando incluir postura del gremio

Ximena Navarro | Presidencia de la República
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Una de sus últimas oportunidades tendrán este martes los grandes empresarios para modificar el proyecto de ley de reforma laboral que se tramita en el Congreso. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet recibirá en La Moneda al líder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, quien insistirá en el supuesto daño a la inversión que provocará la iniciativa.

Es el último cartucho. Así de claro fue el vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Patricio Crespo, al definir la reunión que sostendrán a partir de las 8:30 horas el máximo dirigente de la CPC, Alberto Salas, con la mandataria Michelle Bachelet.

La reunión tiene como punto central el proyecto de ley de reforma laboral, que se discute en el Congreso. La postura de los grandes empresarios es conocida: están en desacuerdo con el fin del reemplazo en la huelga y la titularidad sindical; quieren ampliar los servicios mínimos y los pactos de adaptabilidad; y aseguran que la iniciativa afectará la inversión y el crecimiento económico.

No han sido escuchados por el Gobierno y la Nueva Mayoría, aseguran en la CPC, omisión que intentarán modificar con la jefa de Estado. Alberto Salas, el líder de la multigremial, no habló en la previa, pero sí lo hicieron otros dirigentes.

Patricio Crespo, vicepresidente de la CPC, reconoció que las expectativas son bajas y expresó que el mensaje debe ser “pensar en el largo plazo”.

El presidente de la comisión laboral de la CPC, Andrés Santa Cruz, criticó la reforma laboral del Gobierno y pidió considerar la mirada supuestamente técnica de los empresarios.

La reunión de la presidenta Bachelet con el máximo dirigente de la CPC coincide con la presentación al público del Informe de Derechos Humanos 2015 de la Universidad Diego Portales.

El documento es lapidario con el proyecto de reforma laboral del Gobierno. Según el estudio, la iniciativa no transforma el actual modelo. Al contrario: profundiza el intervencionismo estatal en las relaciones colectivas de trabajo; agudiza la construcción de un sindicalismo débil sin intervención social y político; coarta y frena el ejercicio de la libertad sindical.

“En definitiva, mantiene el modelo impuesto por el Plan Laboral de la dictadura, perpetuando con ello las brechas de desigualdad económica y social existentes en el país”, según lo resumió el editor del informe de la UDP, Tomás Vial.

La senadora del PPD e integrante de la comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, concordó en que no permitir la negociación colectiva más allá de las fronteras de la empresa es una carencia y fue, a su juicio, una concesión que el Gobierno entregó a los empresarios.

Según la legisladora del oficialismo, si bien el proyecto del Gobierno es bastante modesto, no levanta nuevas barreras contra los sindicatos, como lo plantea el informe de la UDP.

Desde la derecha, el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, que también integra la comisión de Trabajo, aseguró que el proyecto laboral del Gobierno rompe el equilibrio en las empresas, al entregar, según él, mucho poder a los sindicatos.

Este jueves, la presidenta Bachelet se reunirá con otro actor interesado en la reforma laboral: la Central Unitaria de Trabajadores.

Su posición es también conocida: considera que el proyecto es un paso adelante, aunque con muchos pendientes; y aspira a rechazar algunas indicaciones del Ejecutivo, que permiten el descuelgue y relativizan el fin del reemplazo en huelga.

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