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Ministro de Justicia de Perú renunció en medio de polémica por destitución de procuradora

Ministerio de Justicia de Perú
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El ministro peruano de Justicia, Gustavo Adrianzén, renunció a dos días de que el Congreso votara una moción de censura en su contra -que probablemente sería aprobada- en medio de una polémica por haber destituido a la procuradora de lavado de activos que investiga a la primera dama.

“En consideración a la actual coyuntura y en aras de contribuir a la necesaria estabilidad que demanda nuestro país, he presentado ante el presidente de la República, Ollanta Humala, mi renuncia irrevocable al cargo y ésta ha sido aceptada”, dijo el ministro en una declaración pública.

El Congreso Nacional había convocado a una sesión el jueves para debatir el pedido de la oposición de censurar al ministro Adrianzén, al que acusan de “hostigar la labor de la procuradora Julia Príncipe en su investigación de lavado de activos sobre la Primera dama, Nadine Heredia”.

Adrianzén ha sido el sexto ministro de Justicia del gobierno de Humala desde que llegó al poder en julio de 2011, tras ganar las elecciones de ese año.

Horas antes de anunciar su renuncia, el titular de Justicia explicó que la destitución de Príncipe “obedece a una abierta inconducta funcional”.

“No debería generar mayor sobresalto la decisión que se ha tomado, que está perfectamente amparada en el ordenamiento legal vigente, se trata simplemente del retiro de la confianza al cargo de procurador”, dijo Adrianzén a la radio RPP.

Indicó que en los últimos días se apreció “una abierta inconducta funcional” en la postura adoptada por Príncipe al desconocer la autoridad, la dependencia orgánica, funcional y administrativa que tenía.

Príncipe estaba a cargo de una investigación sobre la esposa de Humala y también presidenta del gubernamental Partido Nacionalista, sobre el origen del dinero de presuntas operaciones financieras y gastos de campaña del presidente peruano durante la campaña electoral de 2006. La oposición ha denunciado el uso de fondos venezolanos no declarados, versión que el gobierno rechaza.

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