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Congreso despachó proyecto que remueve a autoridades que infrinjan ley electoral

ARCHIVO | Pablo Ovalle | Agencia UNO
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En el marco de la Agencia de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, el Senado aprobó y despachó el proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales (Cores) y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

En ese contexto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, se mostró satisfecho, ya que “estamos avanzando en un nuevo marco de reglas que nos ayudan a fortalecer la democracia, tomando medidas severas para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, forma parte de los 21 proyectos de ley que buscan mejorar los estándares con que se desarrolla la actividad pública.

Al respecto, el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), expresó que “este es el primer proyecto estructural en materia de probidad y transparencia que aprobamos, la reforma constitucional establece como sanción la pérdida del cargo a quienes infrinjan gravemente la ley electoral”.

El titular de la Cámara Alta argumentó que “se trata de medidas radicales que duelen, no en la medida de lo posible, que ayudan a que efectivamente no de lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas durante la campaña”, concluyó.

Estas son algunas de las principales consideraciones del proyecto:

Será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) quién conocerá, investigará y sancionará las infracciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servel.

Las autoridades que pierdan su escaño quedarán inhabilitadas para optar a cargos de representación popular en los dos procesos eleccionarios siguientes a la sanción de cesación y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia.

Con la aprobación de esta reforma constitucional se fortalece la institucionalidad democrática, a través de sanciones que inhiben a representantes electos a realizar acciones que atenten contra la probidad, todo esto repercutirá en una mayor legitimidad de las autoridades.

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