El secuestro cibernético de un determinado sitio web con la extorsión para recuperar sus contenidos, es decir, pedir rescate en dinero por esa información, es uno de los tantos delitos informáticos que se están sumando a la amplia gama de hechos delictuales que se generan con la tecnología que avanza vertiginosamente.
Chile fue el primer país de Latinoamérica en generar una legislación informática, en 1993 se promulgó la Ley 19.223, la que contiene genéricamente solo 4 artículos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los delitos informáticos han evolucionado junto con la misma tecnología, por lo que se hacía necesario mejorar ese cuerpo legal.
El Jefe del Cibercrimen de la PDI de Valparaíso, SubPrefecto Charles Vignes, explicó que la actual legislación sólo sanciona los accesos indebidos y el espionaje informático, de ahí la importancia de poder actualizar la ley.
En el Congreso ya se trabaja en esto. Se plantean modificaciones importantes, por ejemplo aumentar a 12 los artículos de la misma ley donde se incluirán nuevas sanciones y nuevas figuras legales, además de otorgar nuevas facultades a las policías, para hacer seguimientos e infiltraciones en redes delictuales del ciberespacio, generando nuevas herramientas que en la actualidad tornan aún más difícil perseguir a este tipo de delincuentes informáticos.
Desde junio de este año, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara está trabajando junto a las policías y particularmente con la Brigada del Cibercrimen de la PDI de Valparaíso, en las mejoras a esta ley. De aprobarse, podría incluso permitir que Chile se suscriba al Convenio de Budapest, sistema de colaboración que han firmado entre otros, China, Japón, Estados Unidos y la Comunidad Europea para establecer un sistema de cooperación internacional, compartiendo información y datos sobre ciberdelitos.
Agencia UNO
El Jefe del Cibercrimen de la PDI porteña explicó que una de las complicaciones actuales es que si bien los policías pueden infiltrarse en las redes por ejemplo de pedofilia, no hay mayores atribuciones para concretar otras acciones. En el fondo cuando se utiliza esta figura de un agente encubierto en el ciberespacio, o un agente revelador como nueva figura, las defensas pueden argumentar que se incitó a cometer un delito, y finalmente el ‘ciberdelincuente’ puede incluso quedar en libertad.
En términos muy generales el “agente encubierto virtual” puede funcionar con perfiles ficticios en internet para recabar información respecto a delitos informáticos, estafas, clonación de tarjetas, infiltrarse en redes de pedofilia y grupos anárquicos, aunque con la actual ley solo se permite en casos de pedofilia.
El agente revelador, es una nueva figura que solo existe para operaciones antinarcóticos, con la nueva ley permite que –por ejemplo- a todo lo ilegal que se venda en internet se le pueda hacer un seguimiento virtual y después físico, llegando al vendedor directo para detenerlo.
Pero existen otros métodos delictuales mas sofisticados, por ejemplo el secuestro de páginas web, equipos o sistemas internet, que consiste en que personas o grupos secuestran literalmente el sitio para luego pedir rescate en dinero. Actualmente no está configurado este delito.
Otro de los hechos que se puede configurar como delito con la nueva legislación es el porte de algún de malware o código malicioso, tal como se puede detener a alguien que porte un arma blanca o un arma de fuego, o elementos para cometer delitos, porque se entiende que éstos se utilizarían para algún ilícito. Si una persona porta un virus, malware u otro elemento, se podría considerar como un “arma cibernética”.
Para el Diputado Arturo Squella, la iniciativa es fundamental. La legislación actual dijo, insólitamente ni siquiera considera al internet.
El parlamentario explicó que mas importante que incluir nuevos delitos, destaca precisamente las herramientas que se le entregan a las policial para perseguir esos delitos
Actualmente dijo el parlamentario, ratificando lo expuesto por el oficial de la PDI, actualmente las policías no tienen el respaldo jurídico para ciertas acciones investigativas
En concreto, la iniciativa ingresa a trámite esta semana, luego comienzan los análisis en la comisión de constitución, posteriormente pasa al Senado donde se revisa nuevamente y si todo se desarrolla sin inconvenientes, antes del receso legislativo de marzo próximo, el texto estaría listo para ser promulgado como una nueva Ley de la República.
