En una declaración conjunta, los funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía de Chile se manifestaron respecto a los procesos bajo los cuales se establecerá a los titulares de ambas entidades.
Mientras el debate político se ha intensificado por la designación de Enrique Rajevic al Senado para ocupar el cargo de contralor a raíz de los cuestionamientos que ha sufrido por las asesorías brindadas al Gobierno hasta este año, la designación del candidato que sucederá a Sabas Chahuán en el Ministerio Público también es objeto de controversia.
Lo anterior, producto de las reuniones que los postulantes han sostenido con diversos personeros políticos, entre los cuales se encuentra el senador del PPD Guido Girardi.
Por lo anterior, los trabajadores llamaron a la presidenta Michelle Bachelet y a los integrantes del Senado “para que preserven la independencia que debe predominar en los servicios señalados”.
Además, solicitaron que en este proceso se mantenga “al margen de toda presión política, conflicto de interés o compromiso ajeno a nuestro quehacer institucional”.
“Tanto el contralor general de la República como el fiscal nacional del Ministerio Público deben ser funcionarios de carrera, que pongan a disposición de la institucionalidad la experiencia que permita afianzar la fiscalización de la administración del Estado y la persecución penal, respectivamente”, señalaron.
Manifestaron también que la designación debe realizarse “en forma independiente” y evitando buscar “paridades entre coaliciones”.
“Es de suma relevancia evitar que la persona nominada sea el resultado de una negociación política, con objetivos ajenos al fin de dotar de un mejor liderazgo a las respectivas instituciones o con criterios de mantener equilibrios políticos, materia ajena a este proceso constitucional”, agregan en el texto.
