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Agrupaciones de DD.HH de Osorno cuestionan candidatura de Guzmán a fiscal nacional

Archivo | Pablo Rojas Madariaga | Agencia Uno
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Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Osorno cuestionan la nominación de Raúl Guzmán Uribe, persecutor regional Metropolitano Sur, entre los candidatos al cargo de fiscal nacional, tras haber defendido a su padre durante el proceso investigativo del asesinato de los hermanos Guido y Héctor Barría Basay.

Si bien la causa fue prescrita por los tribunales en una declaración pública enviada a la presidenta Michelle Bachelet, relatan que tanto el padre de Guzmán como su tío, habrían sido cómplices pasivos de la desaparición de los hermanos Barría, facilitando sus vehículos a carabineros e incluso manejándolos, acción que habría sido presenciada por trabajadores y el propio progenitor de los desaparecidos.

Si bien en ningún caso se acusa al fiscal Guzmán de ser participante en los hechos ocurrido el 16 de octubre de 1973 en Riachuelo, las agrupaciones de derechos humanos reclaman su inclusión entre los candidatos, pues defendió a su padre una vez que la muerte de los hermanos Barría Basay fue abordada por la justicia, permaneciendo todo en el silencio, según aseveraron

Un documento hecho público emitido por Inés Barría Basay, hermana de ambas víctimas de la Dictadura, precisó que “sin ninguna humanidad estas personas se han acercado a la familia a entregar la información que ellos guardan como testigos pasivos como en algún momentos se les llamó, es más, el Sr. Raúl Guzmán Uribe defendió a su padre en dicha investigación en la causa N°2.182-98 denominada “Episodio Rio Negro”.

Por esta razón, solicitaron el Gobierno mayor prolijidad a la hora de designar cargos públicos, más aún cuando se habla de justicia, concepto vinculado a la no existencia de la impunidad.

La declaración pública reclama acciones reales del Gobierno para terminar con la impunidad, enfatizando en que “cuando la existencia de una evidente política institucional de encubrimiento llamada pacto de silencio, se ha negado por parte de las FF.AA. y de Orden, como ha quedado demostrado después de 42 años que se cumplirán el 16 de octubre, en el caso de los hermanos Barría Basay y miles de chilenos y chilenas, es que tenemos razón al exigir que se lleven a cabo acciones reales para romperlo. Ya es tiempo de tomar una actitud firme y decidida”, precisó el documento.

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