La justicia española condenó este jueves a 94 años de prisión al histórico dirigente de ETA Santiago Arróspide, alias Santi Potros, encarcelado preventivamente desde enero tras su polémica puesta en libertad un mes antes, informó el tribunal.

Considerado ex jefe del aparato militar de ETA, Arróspide fue condenado a 94 años de reclusión “por el atentado con coche-bomba en Barcelona, el 2 de abril de 1987, contra un vehículo de la guardia civil”, informó la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.

La justicia estima que como responsable de la organización armada independentista vasca, Santi Potros decidió aquel ataque “en el que resultó muerto un ciudadano, Juan Fructuoso, que se encontraba en una cabina de teléfono” y dos agente sufrieron “lesiones graves”.

En su fallo, el tribunal recordó sin embargo que el tiempo máximo de reclusión efectiva en España es de 30 años.

Figura histórica de ETA, Arróspide ya había sido condenado por su participación en el atentado más sangriento de la organización, en un supermercado Hipercor de Barcelona, que causó 21 muertos el 19 de junio de 1987.

Detenido ese mismo año en Francia, fue extraditado en 2000 a España, donde debía permanecer en prisión hasta 2030.

Sin embargo, había quedado en libertad el 4 de diciembre de 2014 después que la justicia decidiera descontarle el tiempo de cárcel pasado en Francia, basándose en recomendaciones de la Unión Europea para contabilizar las penas cumplidas en otros Estados miembros.

España ya había tenido que liberar en 2013 y 2014 a decenas de miembros de ETA, a raíz de una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos que anuló la denominada ‘doctrina Parot’, un sistema de cálculo que le permitía mantener más tiempo en reclusión a ciertos detenidos.

Su puesta en libertad provocó una viva indignación en España, especialmente entre las asociaciones de víctimas.

Santi Potros volvió a ser detenido el 19 de enero por su presunta implicación en el atentado de 1987 en Barcelona. En marzo, el Tribunal Supremo español anuló el nuevo cómputo de penas que tenía en cuenta el tiempo de reclusión en Francia.

Considerada responsable de 829 muertes en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, ETA declaró “el cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011, pero sin disolverse ni entregar las armas.