Si bien el Gobierno debe enviar Presupuesto 2016 el miércoles al Congreso, aún no hay claridad respecto a qué ocurrirá con la gratuidad para la educación superior el próximo año.

Esto porque aún no se ha anunciado el mecanismo con el cual se implementará, y parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) han afirmado que los recursos para poner en marcha la medida serían bastante menores a los esperados.

Además, aunque en un comienzo se anunció que la gratuidad se daría a los estudiantes pertenecientes al 60% de la población más vulnerable, que asistan a instituciones superiores que sean corporaciones sin fines de lucro -es decir, la mayoría de las universidades privadas no tradicionales e institutos quedan excluidos-, ese porcentaje ahora fue reducido al 50%.

A todo esto ahora se suma que, según la DC, aún no se ha descartado que el beneficio sea eventualmente entregado por medio de becas, lo que evidentemente no fue lo que comprometió el Gobierno en un comienzo.

Desde el ministerio de Educación, la ministra Adriana Delpiano y la subsecretaria Valentina Quiroga rechazaron la opción de las becas la semana pasada, y afirmaron que el compromiso de la gratuidad sin becas ni créditos “sigue tal cual la presidenta lo anunció”.

No obstante, este lunes el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro, insistió en que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, les habría dicho que el Gobierno aún no tiene un mecanismo definido para implementar la educación superior gratuita.

Por ello, aún no se descartaría llevar adelante la idea de la DC, partido que propuso que la gratuidad sea implementada por medio de becas.

Respecto al tema de los recursos, fue el diputado Pablo Lorenzini, también de la Democracia Cristiana, quien sostuvo que “la última cifra que hemos conocido es que habrá US$ 300 millones para el inicio de la gratuidad, lo que entendemos son recursos frescos que se destinarán a financiar los estudios de más de 200 mil alumnos”.

Esto fue negado por el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, quien recalcó que se mantendrán los criterios fijados en un comienzo por el Ejecutivo, es decir, seguirían siendo 500 millones de dólares los destinados a la gratuidad en el nivel superior.

Por su parte, el presidente del MAS, senador Alejandro Navarro, fue más allá y manifestó que el mismo ministro de Hacienda les aseguró que la gratuidad está garantizada y que será sin becas.

Desde los actores sociales, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Valentina Saavedra, cuestionó que los criterios se estén basando únicamente en aspectos económicos, añadiendo que los nuevos mecanismos que se han conocido nunca han sido informados por el Mineduc al movimiento.

Desde la Confech también criticaron que se esté discutiendo respecto a que el beneficio de gratuidad sea aplicable sólo a la duración formal que tienen las carreras y no a la real, es decir, abarcando sólo los años que originalmente deberían durar los estudios, sin considerar eventuales semestres adicionales por ramos reprobados u otros motivos.

Sobre ello, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), senador Jaime Quintana, respondió que el Estado no puede hacerse cargo de la duración extra que tengan las carreras de los estudiantes.