No hay estudios ni encuestas que muestren exactamente como el Servicio de Impuestos Internos ha ido perdiendo fuerza y credibilidad, sin embargo es algo que se percibe al escuchar las opiniones de los personajes políticos, parlamentarios, y en especial de la ciudadanía.
Durante este año se pudo observar a través de la prensa como el SII y el Ministerio Público comenzaron tener grandes y notorias diferencias a la hora de actuar contra los delitos tributarios, los cuales deben perseguir con acciones en conjunto, pero que en este periodo generaron “choques” de posturas, en especial con los casos Penta y SQM, que involucran a parlamentarios y poderosos empresarios ligados a la política nacional.
Es así como, a la vista de la ciudadanía, el Ministerio Público, de la mano del fiscal nacional Sabas Chahuán, se ha configurado como el gran persecutor de los políticos que han cometido delitos. Mientras que el Servicio de Impuestos Internos, aparece para algunos como la entidad que ha sucumbido ante las presiones políticas y que, incluso, ha intentado y logrado poner obstáculos a la hora de perseguir y castigar a los responsables de cometer delitos tributarios e irregularidades.
En esta línea, un artículo de El Mostrador analizó la última querella interpuesta por el SII contra SQM Salar y contra Asesoría y Negocios SPA, que según la lectura de personajes relacionados con el tema, deja fuera de la zona de peligro a Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas y Marco Enriquez-Ominami, entre otros personajes políticos ligados de una u otra forma al caso.
Según detalla el análisis, la querella interpuesta ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, tiene un punto inédito y restrictivo que limita la acción de Fiscalía, en el sentido de que determina a personas específicas para ser investigadas, y deja de lado la posibilidad de involucrar a terceros o agregar a otros personajes relacionados, dentro de la indagatoria y de las eventuales imputaciones.
En detalle, en vez de utilizar la frase “contra quienes resulten responsables”, la acción judicial especifica que se realiza “única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose solo a los hechos que en su texto se detallan”. Es decir, acota la investigación y los delitos a un grupo menor de personas, y deja fuera a una serie de personajes políticos, incluyendo a los ex miembros del gobierno.
Asimismo, con la querella se pudo apreciar que el SII tiene una visión distinta de la jurisprudencia a la hora de determinar sus facultades investigativas en torno a los nuevos antecedentes por delitos tributarios, lo que es importantísimo, pues quien ha llevado con fuerza las investigaciones es el Ministerio Público, a diferencia de la entidad dependiente del ministerio de Hacienda, que desde un principio ha mostrado extrema cautela y, además, se ha visto cuestionada por tener entre sus filas a personajes ligados a las empresas investigadas, como fue el caso de su ex director, Michel Jorratt.
Según la interpretación que hace el SII del artículo 161 del Código Tributario, en el que se habla de algunos procedimientos para la persecuciones de irregularidades, son ellos quienes deben recabar antecedentes en caso de encontrar nuevas aristas con eventuales delitos tributarios, y determinar si se aplica una nueva acción penal o se sanciona a los culpables con multas.
Sin embargo para el Ministerio Público el deber de investigar los nuevos antecedentes ante un eventual delito de estas características, es de ellos como fiscalía, y para afirmar eso se, basan en una sentencia del Tribunal Constitucional, que señala que “si en el desarrollo de esa recopilación de antecedentes, surgen elementos que le permitan sospechar que existe un hecho que reviste caracteres de delito tributario, debe abstenerse (el SII) de continuar en su quehacer y remitir los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación preliminar, tal como se dice en esta sentencia”, señala El Mostrador.
Para más información revisa el artículo completo de El MOSTRADOR en este link
Pese a esto la querella del servicio apunta a que el Ministerio Público le entregue nuevos antecedentes para determinar los caminos a seguir, aunque se trata de delitos y ellos, constitucionalmente, son materia de investigación para Fiscalía.
Durante lo que va del año hemos presenciado como ambas entidades han desmentido una pugna o un conflicto, sin embargo los hechos nos muestran una realidad distinta, y seguimos viendo a un Servicio de Impuestos Internos con una imagen alicaída, y a un Ministerio Público que presiona para avanzar con las investigaciones, en una especie de carrera contra el tiempo, pues el próximo 30 de noviembre será el fin del periodo del fiscal nacional Sabas Chahuán, y se deberá a elegir a un nuevo persecutor que encabece al Ministerio Público y a las acciones que buscar responsables en torno a los eventuales delitos que han golpeado al mundo político y empresarial chileno.
