La ofuscación en la clase política fue transversal luego que la Corte Internacional de Justicia rechazara la solicitud de objeciones preliminares interpuestas por Chile ante la demanda marítima boliviana.

En su fallo, el tribunal con sede en La Haya diferenció el requerimiento de una salida al mar de Bolivia con el objeto de la acción de ese país ante la CIJ, que es la supuesta obligación de Chile de negociar un acceso soberano al océano Pacífico.

Quizás la palabra “antijurídico” fue la más pronunciada desde todos los sectores ante el fallo, visto como desfavorable para las pretensiones nacionales.

Esta indignación se hizo patente entre los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Mientras la diputada de la UDI Andrea Molina lamentó que el fallo traiga consecuencias “de inseguridad e inestabilidad y por sobretodo de cómo se va a plantear hoy día la defensa de Chile ante esta situación”, su par del PPD Jorge Tarud acusó a la Corte de no respetar el derecho internacional ni del Pacto de Bogotá.

“Empieza a desmoronarse el sistema jurídico de Naciones Unidas”, expresó Tarud en la misma línea que siguió el RN José Manuel Edwards: “la Corte ha traicionado el motivo por el cual Chile firmó el Pacto de Bogotá en 1948, que no era otro que la existencia del artículo sexto que le permitía y le daba seguridad a Chile que no se iban a reabrir los casos anteriores a 1948″.

Jaime Ravinet, el ex ministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera y de Ricardo Lagos, fue mucho más radical en torno a la decisión que debe adoptar nuestro país en la corte.

“Chile debe notificar a Naciones Unidas y a La Haya que nos retiramos del juicio y que su fallo es inoponible, porque lo que está haciendo la Corte es una aberración jurídica”, afirmó a El Mercurio, llamando también a desahuciar el Pacto de Bogotá.

¿Fue un fallo jurídico?

Al contrario de lo que estiman nuestros congresistas, las personas que sí tienen una relación directa con el estudio del Derecho Internacional creen que la resolución de la Corte pronunciada ayer (y que, como ha insistido en reiteradas oportunidades el Gobierno, no implica cesión territorial) es jurídica y completamente ajustada a derecho.

Así lo estima Benjamín Salas, experto en Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien señaló en conversación con BioBioChile que el análisis efectuado por el tribunal de La Haya fue “absolutamente formalista”.

“Lo que se hizo fue interpretar el lenguaje que ocupó el Tratado de 1904, que regula en esta materia el diferendo limítrofe entre Chile y Bolivia y, en este caso, determinó que el Tratado no regulaba una obligación de Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia”, afirma.

Añadió que esta interpretación se enmarca en las reglas de interpretación que otorga el derecho internacional y la Convención de Viena, lo que terminó en la conclusión de que la Corte sí se declarara competente.

“Acá no hay razones artificiosas, no hay invenciones, no hay fallos salomónicos, nada. Aquí se vio un texto jurídico, un tratado internacional, y se interpretó según las reglas”, explica.

Una opinión similar mantiene Paulina Astroza, abogada de la Universidad de Concepción y profesora de Derecho Internacional. Señala que la decisión de la CIJ es jurídico, pese a que se sale de lo que eran las expectativas de Chile.

“Lo que hizo la Corte fue aplicar el artículo XXI del Pacto [de Bogotá] y no el artículo VI que estábamos pidiendo, porque estimó que la demanda de Bolivia no dice relación con los límites establecidos en el Tratado de 1904, sino en una supuesta obligación de negociar una salida soberana al mar. Por lo tanto, esta negociación no se encuentra ni expresa ni implícitamente en el tratado”, sostiene.

El desconocimiento en la clase política

Meterse de lleno en la discusión de aspectos relativos al Derecho Internacional no es una aventura fácil. Para el común de los mortales, leer largos documentos (generalmente en otros idiomas) y estudiar al detalle esta materia está lejos de ser apasionante.

Los pocos “sobrevivientes” en esta tarea como la misma profesora Astroza, abordada hasta la hipérbole durante toda la jornada de este jueves por periodistas que requerían detalles de la lectura del fallo, se han encargado de explicar “con manzanitas” los conceptos que quizás resultan engorrosos para el resto.

En esta tarea se encuentra también experta en derecho internacional Paz Zárate, quien a través de su cuenta en Twitter explica en reiteradas oportunidades y con un lenguaje ameno qué es lo que se encuentra en juego en La Haya.

La profesional se ha encargado de refutar los planteamientos que se han efectuado contra el fallo desde los sectores políticos, criticando la “falta de seriedad” en la discusión que se da fuera del tribunal.

Para Paulina Astroza, el desconocimiento sobre el funcionamiento del derecho internacional y los principios que rigen las materias que se ven en La Haya es un fenómeno general, no solo circunscrito a nuestros parlamentarios.

“Pero ese desconocimiento, sobre todo en la clase política, habría que suplirlo estudiando, preguntándole a los especialistas, preguntando cómo se aplican las normas para luego emitir una opinión seria, responsable e informada sobre lo que está ocurriendo”, señaló Astroza a BioBioChile.

En tanto, Benjamín Salas separa las aguas entre los parlamentarios “que no tienen relación con el derecho internacional” y el equipo defensor que cataloga como excepcional, y que ha recibido parte de las críticas de los mismos políticos.

“[El equipo] está formado por abogados expertos que han dedicado su vida al estudio del derecho internacional, y yo tengo plena confianza en que la defensa de Chile, en ese sentido, fue excelente”, manifiesta.

¿Salir del juicio?

Tanto la propuesta de Ravinet de abandonar el juicio como la renuncia al Pacto de Bogotá que se plantea desde diversos sectores en la práctica sí existen. Sin embargo, ello tendría serias consecuencias para nuestro país, según explicó en menos de 140 caracteres Paz Zárate.

En el detalle, Paulina Astroza señala que esto se encuentra regido por el artículo 53 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. “Lo que ocurre en esa situación es que el juicio va a continuar en rebeldía del Estado que no se presenta en las siguientes etapas. El juicio no se detiene. En la práctica significa que el Estado que no se presenta renuncia a su derecho de presentar su defensa, va a dejar que solo la otra parte le cuente su versión al tribunal”, detalla.

Por lo mismo, estima que es “absolutamente inconveniente” lo que señala Ravinet, ya que retirarse no tiene un mayor efecto en el juicio y en el dictamen de la Corte, que tiene carácter obligatorio para ambas partes.

Asimismo, descartó que haya sido un error la objeción de Chile a la competencia de la CIJ ya que, pese al natural riesgo que ello implicaba, se logró enrielar la demanda boliviana y lo que será la discusión de fondo: “La Corte, en esta fase, ya le dijo a las partes que [en la eventualidad de establecer una obligación de negociar] es sin resultado predeterminado. Bolivia no puede pretender que la Corte al final nos obligue a negociar con un resultado ya establecido”.

Mientras, Benjamín Salas tampoco cree que la vía de la objeción preliminar haya sido equívoca, ya que habían buenos argumentos desde nuestro país y con la resolución no existe un mayor debilitamiento en la posición chilena.

“En otros casos, la Corte Internacional de Justicia, y la verdad es que algunos países han podido ganar en el fondo no obstante haber perdido la objeción preliminar“, afirmó.

Al igual que en cualquier ámbito que implique una toma de decisión, lo mejor es apoyarse en los expertos y guiarse en ellos para los eventos futuros o para establecer una opinión formada. En cuanto a las controvertidas palabras de los políticos, lo conveniente es mirarlas a la distancia.