Una indemnización de 100 millones de pesos ordenó un tribunal de Concepción por la muerte de dos personas a raíz del tsunami de 2010 que afectó a la localidad de Dichato. El fallo fue dictado al acreditarse la falta de servicio de parte del Estado.
La sentencia es del titular del Tercer Juzgado Civil penquista, juez Carlos Hidalgo, en el caso por las muertes de León Ortiz Novoa y su hija Valeria Ortiz Obregón.
La viuda del hombre y madre de la víctima, Sonia Obregón, además de una segunda hija, Pablina Ortiz, denunciaron al Fisco por la inexistencia de un aviso que alertara de la proximidad de un tsunami, tras el terremoto 8,8 que azotó a gran parte del país la madrugada del 27 de febrero.
Incluso, en la acción legal, se da cuenta de los anuncios realizados por las autoridades locales, como el entonces intendente Jaime Tohá, descartando la llegada de olas e incluso animando a las personas a regresar a sus hogares.
Al acoger las pruebas presentadas por los abogados Gonzalo Camiruaga Pizarro y Fernando Saenger Castaños, el magistrado Hidalgo acreditó la falta de servicio que derivó en la muerte de las víctimas, ordenando al Fisco el pago de una reparación de 100 millones de pesos.
Se trata de un fallo de primera instancia, que seguramente será apelado por el CDE, con la posibilidad que cualquiera sea la sentencia en ese tribunal, termine siendo la Corte Suprema la que resuelva la demanda.
