El escándalo Volkswagen cobró el martes dimensión planetaria, cuando la firma alemana confesó haber equipado once millones de coches en todo el mundo con un software destinado a manipular los resultados de los controles de polución.

La revelación provocó un nuevo hundimiento de las acciones del líder mundial de ventas de automóviles, que llegaron a perder más de 20% en la Bolsa de Fráncfort, después de haber caído cerca de 18% la víspera.

“Nuevas investigaciones internas han demostrado que ese software se había instalado en otros vehículos diésel”, indicó la firma, que desde el viernes lidia con las revelaciones de que había colocado el dispositivo fraudulento en coches de Estados Unidos.

“Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo fueron equipados” con ese programa informático engañoso, admitió la compañía en un comunicado.

Volkswagen anunció además haber aprovisionado 6.500 millones de euros en el tercer trimestre del año para enfrentar las primeras consecuencias del caso, lo cual la llevará a “ajustar sus metas de beneficios de 2015″.

“La embarramos”

“La embarramos”, declaró el director ejecutivo de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, al admitir que el grupo automotriz fue deshonesto en las pruebas de emisiones contaminantes.

“Nuestra compañía fue deshonesta con la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) y el comité de Recursos del Aire de California, con todos ustedes (…), la embarramos totalmente”, afirmó Horn en un evento en Nueva York a última hora del lunes.

La espiral del escándalo llegaba igualmente a ámbitos políticos nacionales.

El gobierno alemán ordenó un control minucioso de todos los modelos de la marca Volkswagen. Mientras que Italia anunció la apertura de una investigación para determinar “si el mismo fraude cometido en Estados Unidos ha sido practicado en Europa”.

Y el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, pidió una investigación “a nivel europeo”.

Pero la Comisión Europea consideró “prematuro” pronunciarse sobre “medidas de vigilancia inmediatas”, recordando que la aprobación de las normas de emisiones contaminantes son de la incumbencia de las autoridades nacionales.

El Council on Clean Transportation, la ONG que contribuyó a destapar el escándalo en Estados Unidos, no excluye que Volkswagen haya recurrido a la misma técnica de disimulación en Europa, dijo su director ejecutivo Drew Kodjak.

Dorothee Saar, de la ONG alemana de protección del medio ambiente Deutsche Umwelthilfe, estimó que en Europa “los fabricantes saben que no hay control posterior” y por lo tanto la probabilidad de engaño es mayor.

En Asia, el gobierno surcoreano convocó a los representantes de la firma.

Las autoridades estadounidenses revelaron que 482.000 vehículos de las marcas Volkswagen y Audi, fabricados entre 2009 y 2015 y vendidos en ese mercados, estaban equipados con un programa informático que detectaba automáticamente los controles de contaminación con el objetivo de falsear los resultados.

Volkswagen suspendió desde entonces la venta de sus diésel en el mercado norteamericano.

El gigante alemán, con una plantilla de 590.000 operarios en todo el mundo, podría ser condenado a una multa de hasta 18.000 millones de dólares (16.000 millones de euros). A esa suma deben añadirse los costes del retiro de los vehículos concernidos y de las indemnizaciones de eventuales demandas públicas y privadas.

¿La culpa de quién?

El ministro de Economía de Baja Sajonia -el estado región alemán que posee el 20% de las acciones de VW-, Olaf Lies, aseguró que el escándalo “no es generalizado”.

“Ahora habrá que establecer quién sabía qué, quién tomó las decisiones”, agregó el responsable, que dio por descontado que rodarán cabezas en la dirección de Volkswagen.

Según el diario Handelsblatt, el presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, tendrá que rendir cuentas de la situación en una reunión de una parte del Consejo de Vigilancia prevista para el miércoles.

En principio, el viernes próximo, Volkswagen tenía previsto prolongar el mandato de Winterkorn hasta finales de 2018, pero el escándalo pone todo en duda.

El fabricante corre el riesgo de convertirse en “un paria para el gobierno y quizás también para los consumidores norteamericanos”, afirma Max Waburton, analista de Bernstein, citado por Bloomberg.