Senadores de la Nueva Mayoría y la UDI se encuentran divididos respecto de si los parlamentarios que están siendo investigados por casos de financiamiento irregular de campañas políticas, deben inhabilitarse de la votación para escoger al nuevo Fiscal Nacional.

Son 11 los candidatos inscritos en la Corte Suprema los que postulan al cargo del Fiscal Nacional para suceder a Sabas Chahuán, quien dejará su puesto el próximo 30 de noviembre.

Según el senador y ex presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, cada parlamentario debe evaluar cuáles son las normas éticas, y si es que advierten algún conflicto de interés a la hora de votar.

Por su parte, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, se inclinó por que los parlamentarios cuestionados se inhabiliten, ya que a su juicio es mejor que mantengan distancia.

De hecho, informó que él mismo se abstendrá de votar, debido a que su hijo es fiscal y no puede incidir en quién será su nuevo jefe.

Desde la Alianza, el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, afirmó que se deben inhabilitar sólo si alguno de los candidatos para Fiscal Nacional llevan adelante alguna causa que los afecte.

Sin embargo, el también gremialista, Juan Antonio Coloma, dijo que los legisladores tienen derechos y deberes, y uno de éstos últimos, es votar por determinadas autoridades a menos que tenga un desafuero o una inhabilidad personal.

Coloma manifestó que los senadores cuestionados están siendo investigados por una institución, no por personas.

En tanto, sobre la elección del nuevo Fiscal Nacional, la Corte Suprema fijó la audiencia pública para escuchar las exposiciones de los 11 candidados para el próximo 2 de octubre a las 14:00 horas. Dentro de los postulantes se encuentran Jorge Abott, Hilda Cerda, Raúl Guzmán, Luis Toledo e Iván Pavlov.

La Corte Suprema enviará una quina a la presidenta Michelle Bachelet, quien deberá escoger a uno que luego será ratificado dos tercios del Senado de la República.

Dentro de los requisitos para ser el nuevo Fiscal Nacional está ser ciudadano con derecho a sufragio, tener a lo menos diez años el título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas por la ley.