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Ministro asegura que Rousseff culminará su mandato: “No hay motivo para que no llegue a 2018″

Evaristo Sa | AFP
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que registra apenas un 8% de popularidad, se mantendrá en el poder pese a la crisis económica y las presiones de la oposición para que sea destituida, dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

En una entrevista con el diario O’Globo divulgada este domingo, Cardozo declaró que “no hay motivo para que el gobierno (de Rousseff) no llegue a 2018“, cuando culmina su segundo mandato de cuatro años.

“Un gobierno que fue elegido democráticamente no puede dejar de serlo más que por el voto democrático. En un sistema presidencialista, se necesita un hecho que justifique la destitución y ese hecho no existe“, subrayó el ministro.

El ministro consideró que “no es inédita” la situación económica en el país, agravada con la reciente decisión de la agencia Standard & Poor’s de quitar a Brasil el grado inversor y rebajar su deuda a la categoría de especulativa, el aumento del desempleo y de la inflación y la devaluación del real, la moneda local.

“Regresamos a la situación de 2007. Brasil tiene los medios para salir. Evidentemente que ello requiere un esfuerzo del gobierno de diálogo y de encontrar una alternativa”, señaló.

Cardozo denunció que “hay gente que tiene interés en explotar la crisis (…). Se trata de ciertos sectores de la oposición, de dirigentes que buscan potenciar la crisis política con el objetivo de obtener dividendos“.

“Desde el día siguiente de la elección hemos tenido reclamos de recuento de votos, acusaciones de que hubo fraudes. Todos los días se ha creado una situación que va en ese sentido”, dijo.

“Pero asumir la tesis de ‘cuanto peor, mejor’ es negativo para el interés público”, subrayó Cardozo.

Las turbulencias son naturales en un proceso de crisis, especialmente cuando está en curso una investigación que afecta a varios hombres políticos“, consideró.

Un escándalo de corrupción sacude a la estatal Petrobras, que le ha costado más de 2.000 millones en pérdidas. También ha llevado a prisión a varios empresarios y varios políticos de la coalición de centro izquierda que gobierna al país.

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