El rector de la Universidad de Los Lagos (ULA), Óscar Garrido, presentó una propuesta al Consorcio de Universidades del Estado que tiene relación con las reformas presentadas por el Ejecutivo en materia de educación.

En la misiva la autoridad de la casa de estudios superiores, apela a que el Gobierno pueda establecer proyectos para regular la educación superior, enfatizando en fortalecer el sector público y no dar tanto espacio a las universidades privadas.

Entre los 10 puntos de la propuesta, se indica poder contar con el apoyo a la conformación de una red de universidades estatales, tanto para su infraestructura, remuneraciones del personal, compensación por sobre carga administrativa e incentivo al retiro.

Además se solicita el fomento a la expansión de la matrícula, apoyo a los proyectos de investigación y fortalecimiento de la oferta regionales para investigadores. En último lugar se exige un plan especial para las casas de estudios estatales postergadas por el propio Gobierno.

Con esta propuesta, el Consorcio de Universidades Estatales Chilenas busca golpear la mesa ante la fuerte arremetida de las universidades privadas, que han provocado modificaciones importantes en el proyecto inicial de la reforma a la educación superior.

El rector de la ULA aprovechó la instancia para manifestar sus críticas ante las acciones que ha tenido el sector político en esta materia, sobre todo a la Nueva Mayoría.

Garrido dijo que es obvio que la derecha irá por el programa de Gobierno, pues son oposición, pero ante ello el conglomerado tiene la responsabilidad de defender lo que se prometió durante la campaña de Michelle Bachelet.

Estos conflictos de interés condicionarían la acción legislativa, incluida la de los partidos políticos, pues las vinculaciones han sido transversales desde la derecha, grupos de Opus Dei y hasta incluso el Partido Comunista.

De todos modos, comentó que entregando información precisa a los congresistas se podrían obtener resultados.

Garrido insistió en que la propuesta del Gobierno debe fortalecer la educación pública, generando un marco que regule la acción de las universidades privadas.

Según el rector, durante el último tiempo ha quedado en evidencia el lucro y otras prácticas de estas instituciones, situación que influiría sobre grupos políticos al momento de realizar modificaciones al proyecto.

Aseguró que se debe poner freno a estas situaciones, remarcando que las universidades privadas “no tienen cara” para exigir su inclusión al proyecto de gratuidad, como tampoco para criticar las iniciativas que tienen por objetivo acabar con los negocios en la educación.

Garrido afirmó que se debe financiar con la gratuidad a las casas de estudio superior que son “serias”, a las que responden al concepto de “universidad”, a las que tienen formación en pregrado, postgrado e investigación. Grupo en el cual clasifican las 25 casas de estudios del Consejo de Universidades Chilenas, así como un número no superior a seis del orden privado.

El rector de la ULA recordó que existen 12 universidades privadas investigadas actualmente por la Contraloría y los tribunales de justicia por lucro, pese a lo cual manifiestan críticas a los proyectos y para peor son escuchados por la clase política y por el Gobierno.