La salida de la ahora ex gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar, deja un proceso judicial pendiente programado para el 7 de octubre.
Se trata de la demanda por vulneración de derechos, interpuesta por el encargado de Cultura de la Gobernación, quien acusa haber sido víctima de un sumario ilegal de parte de quien se desempeñara, hasta el martes, como máxima autoridad provincial.
En la demanda por vulneración de derechos que interpuso Gabriel Peña debía prestar declaración la ahora ex gobernadora, Graciela Salazar.
El abogado defensor del funcionario, José Luis Castro, explicó que con la salida de Salazar son dos las opciones. La ex autoridad provincial puede delegar facultades en otra persona que represente al empleador o el Consejo de Defensa del Estado -representando al Fisco- puede justificar su asistencia, posibilidad que buscará la defensa.
El proceso corresponde a una demanda de orden laboral. No obstante, el abogado agregó que también pueden perseguirse responsabilidades penales.
Además, dijo que en el sumario realizado en contra de Peña no se le permitió rendir pruebas y no se admitieron testigos, vulnerando sus derechos.
La audiencia de juicio oral en este caso tiene fecha para el 7 de octubre, luego de que se pospusiera la del 2 de septiembre por fallas técnicas del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio.
