En la víspera de un nuevo 11 de septiembre, agrupaciones políticas y ligadas a causas de derechos humanos se unieron a la solicitud nacional de “terminar con los privilegios de los condenados” y concretar el cierre del penal Punta Peuco.
“Nos parece un insulto para la sociedad que personas que tienen sus manos manchadas con sangre no sean tratadas como reos comunes”. Con esta frase Jaime Carvajal, secretario general del Partido Radical de Valparaíso, y quien encabeza la solicitud de que finalmente se cierre el Penal Punta Peuco, se sumó a la petición nacional de las juventudes de partidos políticos de la Nueva Mayoría, quienes recolectaron firmas con tal objetivo.
Punta Peuco vulnera el principio de igualdad ante la ley, manifestó por su parte Alicia Zuñiga, presidenta regional de la Comisión de Derechos Humanos. Esto, al prestar privilegios para unos pocos, dijo, desmintiendo los dichos que en su oportunidad señaló el vocero de la Operación Ancla, quien sostuvo que fue diseñada para ir en ayuda de las necesidades, que aseguran pasan quienes están detenidos en el penal.
No queremos tan solo que se cierre Punta Peuco, sino también que se endurezcan las penas, indicó por su parte Javier Rodríguez de la Agrupación Amigos del Sacerdote Miguel Woodward.
Palabras manifestadas en el marco de una actividad conmemorativa del 11 de septiembre, en donde se plantó en la Plaza del Pueblo el “Árbol de la Memoria”, símbolo de la ruta del mismo nombre que lideran movimientos sindicales de la región, en donde el número de ejecutados y detenidos desaparecidos supera las 170 personas. De ellas, más de 90 eran trabajadores.
