Unos 3.000 salvadoreños se manifestaron este sábado para demandar la instalación de una comisión internacional que investigue la corrupción de los últimos 25 años en el país y pedir el fin de la violencia homicida.

“Queremos CICIES, queremos CICIES, (Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador, similar a la de Guatemala)”, coreaban los manifestantes con camisetas blancas que se concentraron en plaza Beethoven, en el sector oeste de San Salvador, para iniciar una cruzada contra cualquier acto de corrupción.

Mostrando banderas azul y blanco del país, los participantes en el evento sostenían pancartas con la inscripción “Queremos paz”, “El que se opone a una CICIES es o protege corruptos”, y “nuestro silencio nos condena, nuestra expresión nos libera”.

“Apoyamos la creación de una Comisión contra la Impunidad de los últimos 25 años”, aseguró José Portillo, de 40 años, uno los miembros del movimiento “De 5 en 5″ que alentó la marcha desde el pasado 28 de agosto por medio de las redes sociales.

Tras asegurar que el país vive “momentos difíciles”, por el auge de la criminalidad, Portillo aclaró que el movimiento “no pretende” pedir la renuncia de funcionarios públicos como ocurrió en Guatemala donde manifestaciones de calle presionaron al presidente Otto Pérez a renunciar para someterse a la justicia por un sonado caso de corrupción.

“No pedimos su renuncia (de funcionarios), hagan su trabajo (…) los enemigos a vencer son dos: la violencia (homicida) y la impunidad”, señaló Portillo.

Para prevenir desórdenes, en el cierre de la jornada la Policía detuvo al menos a una decena de supuestos pandilleros.

En tanto, en la vecina plaza Salvador del Mundo se produjo otra manifestación donde la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, que respalda al gobierno de presidente Salvador Sánchez Cerén, demandó castigo para los “corruptos” de los pasados gobiernos de la derecha que ejercieron entre 1989 y 2009.

Los manifestantes, también con camisetas blancas, demandaron “castigo” para el expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), acusado por la Fiscalía de apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán para damnificados de los terremotos de 2001.

Flores guarda arresto domiciliar mientras un juez ventila el caso.