El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que está “dispuesto” a reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con “algunas condiciones” para tratar la crisis fronteriza que ha tensado las relaciones bilaterales desde hace tres semanas.

“Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme pero que los colombianos necesitan que se les respeten sus derechos fundamentales”, afirmó el mandatario en un discurso televisado.

Entre las “condiciones” que impuso Santos para reunirse con Maduro está permitir un “corredor humanitario” para que más de 2.000 niños que se encuentran en el lado venezolano de la frontera “puedan asistir al colegio en Colombia”. Además, el jefe de Estado colombiano pidió la autorización para que 15 camiones puedan ingresar a Venezuela, pese al cierre de la frontera impuesto por Caracas, para que los más de 1.300 colombianos que han sido deportados en el marco de esta crisis puedan recuperar sus pertenencias.

La última condición para el diálogo es que las autoridades venezolanas “cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela”. Si esas “condiciones mínimas humanitarias se cumplen, yo me siento a arreglar este problema”, agregó Santos.

“Le aseguro, presidente Maduro, que lo podemos arreglar”, insistió. La crisis comenzó el 19 de agosto con el cierre de parte de la frontera decretado por Maduro en el estado Táchira, limítrofe con el norte de Santander, tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando que el mandatario atribuyó a “paramilitares colombianos”.

Pero la tensión aumentó el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los damnificados, que suman más de 11.000 entre quienes han sido deportados y quienes han huído de Venezuela por temor a serlo. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.