Desconcierto, esa es probablemente la palabra que mejor refleje la sensación que existe en las instituciones de Educación Superior: públicas, privadas, del Cruch o no, y, por cierto, en sus estudiantes. Una vez más queda en evidencia la falta de reflexión y la improvisación de una medida que ya lleva al menos cinco modificaciones y contra modificaciones.
La única muestra de trabajo y planificación seria ha surgido esta semana tras varios meses de indefiniciones. Y cabe decir que parece ser una muy buena decisión la creación de un Consejo Consultivo para dar cuerpo a la reforma, el que estará integrado por excelentes profesionales según ha trascendido. En efecto, Fernanda Kri como Secretaria Ejecutiva de la Reforma a la Educación Superior, refuerza la idea de trabajar con personas que efectivamente conocen el contexto de la educación chilena.
No obstante, como ya es habitual, se observan indefiniciones ahora sobre el ámbito de acción del Consejo. Vale mencionar que nuestros estudiantes, así como otras organizaciones, también son parte de los movimientos sociales y merecen ser oídos.
Al margen de este hecho, se ha insistido que se mantiene la idea de partir con la gratuidad en 2016, pese a no existir un diseño general claro, y aunque la mayor parte de los actores del mundo universitario y de la educación superior estemos en contra, precisamente porque no se ha analizado con la suficiente calma, conocimiento y profundidad, una reforma tan trascendental para el sistema.
Su impacto puede ser tan importante como disminuir la cobertura y ampliar la segmentación del grupo de mayores ingresos. Iniciar la gratuidad en el primer año tan arbitrariamente, tendrá consecuencias permanentes que condicionarán la discusión del Proyecto de Ley, que se debatirá en 2016.
La gratuidad como se ha planteado tiene efectos sobre el diseño global de las reformas, ese es un hecho de la causa. Entonces, si todos creen que es mala idea, ¿cuál es el motivo del empecinamiento con una sola manera de hacer la Educación Superior gratuita?
Lo cierto es que una reforma de estas dimensiones, en un espacio tan relevante como es el sistema de Educación Superior, no puede ser llevada adelante sin un adecuado proceso de real análisis reflexivo, con participación efectiva de las instituciones directamente afectadas, de los estudiantes y de grupos de interés como asociaciones gremiales, institutos de investigación, organizaciones de egresados, gobiernos regionales, entre otras.
¿No sería mejor usar una proporción de los dineros disponibles para un mayor aporte directo a las universidades que se prefiera y otra parte para incrementar el Fondo de Becas para todos los estudiantes de las instituciones acreditadas? Desde el punto de vista de los alumnos y sus familias, estudiar gratis es hacerlo sin pagar, por lo tanto, las becas significan gratuidad.
El que la educación superior sea concebida como un derecho social, no significa de manera alguna que la forma de garantizar ese derecho sea gratuidad para todos. El no pagar durante los estudios es condición suficiente.
Una combinación de financiamiento público y privado pareciera ser lo que ha resultado más eficiente a nivel internacional, combinando aportes estatales directos a las instituciones, priorizando a las estatales, junto a becas y créditos pagados según el ingreso posterior. Por eso, usar la fórmula de subsidio a la oferta (a las instituciones), como la única manera de implementar la gratuidad, debe discutirse en la Ley.
En lo práctico, en tanto, creo prudente considerar que un arancel cero, lleva a la dependencia exclusiva de los recursos públicos, lo que no necesariamente significa mayor estabilidad ni crecimiento de los flujos financieros; las Instituciones de Educación Superior podrían tener ingresos muy variables, como parte de los ajustes fiscales asociados al ciclo económico.
Hugo Lavados
Este hecho puede ser evidenciado a la luz de experiencias recientes en California, España, Portugal, en las universidades estatales de Brasil y México y en los fondos de investigación en Chile.
Dada su importancia, uno espera lo que es lógico, que se analice seriamente con las instituciones cómo se implementará este sistema. De lo contrario dependerá del parlamento, la urgente tarea de analizar, debatir y enderezar este enorme y negativo entuerto para nuestra Educación Superior.
Hugo Lavados Montes
Rector Universidad San Sebastián
