Colombia pidió este lunes la “pronta actuación” de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solventar la crisis diplomática entre ese país y la vecina Venezuela, tras el éxodo forzado de miles de colombianos del territorio venezolano.
“Se trata de una situación humanitaria grave, compleja y que requiere una pronta reacción, expresión, actitud de todos nuestros países” americanos, dijo el embajador colombiano ante la OEA, Andrés González.
“¿Podrá la OEA mantenerse al margen o distante de una situación como ésta? No lo creemos los colombianos”, añadió González durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización.
Al respecto, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, defendió la decisión “democrática” de su gobierno de cerrar la frontera con Colombia y deportar a colombianos, y expresó su “sospecha” de que la reacción de Bogotá responde a intereses electorales, previos a unos comicios locales en octubre.
“Algo de sospecha nos puede quedar por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela”, dijo Chaderton.
Para el diplomático, la verdadera “crisis humanitaria es la que ha producido el éxodo de cinco millones y medio” de colombianos que han cruzado durante años a Venezuela huyendo del conflicto armado en su país.
La discusión en la OEA constituye el primer paso para llevar la crisis binacional al terreno de los organismos multilaterales regionales.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debatirán el asunto en una reunión extraordinaria prevista para este jueves en Quito.
Según cifras del gobierno colombiano, las autoridades venezolanas han deportado a un millar de sus compatriotas y más de 6.000 regresaron a su país espontáneamente por temor a ser expulsados a la fuerza, quedar separados de su familia y perder sus pertenencias.
La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos por el presidente Nicolás Maduro tras un ataque de desconocidos a militares venezolanos, que el gobierno venezolano atribuye a “paramilitares colombianos”.
La crisis se profundizó aún más el jueves pasado, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores.
El viernes Maduro amplió un estado de excepción a diez municipios en la zona fronteriza, “para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de ‘bachaquerismo’ (contrabando), de secuestros, de narcotráfico”.
Según González, entre los desplazados se encuentran “más de 244 niños y niñas”. “No (son) paramilitares”, afirmó.
