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Agenda de seguridad divide a autoridades de la región de Coquimbo

ARCHIVO | Agencia UNO
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La aprobación de diferentes puntos de la agenda corta antidelincuencia continúa su curso. En ese sentido, la semana pasada hubo otro paso importante cuando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se le dio el visto bueno al apartado que busca endurecer y hacer efectivas las penas por los delitos de robo, hurto y receptación.

Pese a que desde el Gobierno han insistido en que la serie de medidas contribuirán en el combate contra la delincuencia, siguen habiendo voces críticas.

El defensor regional, Alejandro Viada, manifestó que el endurecimiento de las penas no es la solución.

“Me parece que estas resoluciones son más bien políticas, en el sentido de darle respuesta a la comunidad que quiere mayores castigos para los delitos que son más comunes. De esta forma lo que se pretende es disminuir los índices de percepción de inseguridad, pero no se soluciona el problema de la delincuencia, para nada, porque para eso se requieren cambios más estructurales”, enfatizó Viada.

En esa línea, precisó que la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público sí será positiva. “Creo que será un gran aporte, para que las investigaciones sean más adecuadas, porque creo que ahí nace un poco esta sensación de impunidad que se piensa que existe. Muchas veces los problemas investigativos llevan a que no se puedan aplicar las penas, que ya existen”, agregó.

Debate

El seremi de Justicia de la región de Coquimbo, Carlos Galleguillos, si bien admitió que existirá un endurecimiento de las penas a los delitos antes mencionados, aclaró que esto no tiene que ver con aumentarlas, sino más bien con que se hagan efectivas.

“Esta ley limitará el rango de acción que tienen los jueces, para asegurarse que, por ejemplo, quienes reinciden no queden libres. Aquí se están conjugando varios factores, no tiene que ver sólo con elementos sancionatorios, hay muchos otros puntos que se van a empezar a discutir y tienen que ver con la reinserción y la rehabilitación. Claro, hoy día estamos viendo el tema de las penas, vamos a discutir las atribuciones de las policías, está el Fortalecimiento del Ministerio Público, pero todo esto no se puede mirar de manera particular, sino que de forma sistémica para el mejoramiento de la seguridad”, manifestó Galleguillos.

En tanto, desde el parlamento el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Matías Walker, coincide con el seremi de Justicia y asegura lo que las indicaciones aprobadas en la agenda corta, en su esencia, no tienen un carácter sancionatorio.

“Lo que en definitiva estamos haciendo es asegurar que en los delitos en donde hay mayor impunidad en su sanción, las penas sean efectivas. Pongamos un ejemplo, en el robo con intimidación el Código Penal establece una pena de 5 a 20 años, con esta ley el juez no podrá aplicar una pena sustitutiva o que le permita al delincuente cumplir la pena en libertad, tendrá que obligatoriamente fijar el rango mínimo de la pena que son 5 años y un día de presidio efectivo, y si hay reincidencia, el juez debe obligatoriamente aplicar una pena de 10 años. Alguien puede pensar que esto es sancionatorio, pero no, porque no son penas mayores a las que actualmente hay, sólo trabajamos para que sean efectivas”, explicó Walker.

El coordinador regional de Seguridad Pública, Carlos Cares, no quedó ausente del debate. Valoró que el proyecto vaya avanzando, ya que asegura que “son cambios necesarios. El código procesal que tenemos es muy antiguo, eso hace que muchas veces haya delitos que no tienen la sanción acorde a los tiempos. Eso es lo que ha pasado en Chile y en el mundo en general. Lo que se está haciendo ahora es eso, refrescar la legislación respecto de la materia penal, de manera que sea más efectiva”.

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