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16 investigados por boletas a SQM guardaron silencio ante fiscales

Pedro Cerda | Agencia UNO
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Un número no menor de personas indagadas por la Fiscalía por la emisión de boletas o facturas sin documentación de respaldo a Soquimich han resuelto guardar silencio o no autorizar el acceso a los persecutores a los productos bancarios y correos electrónicos, diligencias clave para el desarrollo de la investigación.

Según informa El Mercurio, son más de 100 los interrogatorios que debe desarrollar el Ministerio Público en este marco y, de ellos, cumplieron cerca de 20 solo en agosto.

Sin embargo, de estos últimos, 16 resolvieron hacer uso de su derecho a guardar silencio, ya que se encuentran imputados en la causa.

Los pocos que decidieron explicar su negativa a declarar coincidieron en que no se encuentran directamente apuntados por el Servicio de Impuestos Internos a través de querellas o denuncias en su contra.

Este fue el caso de Jorge Pizarro Cristi, quien junto a su hermano Sebastián Pizarro Cristi -ambos hijos del timonel de la DC Jorge Pizarro- mantenían la sociedad Ventus Consulting, que facturó unos $48 millones a la minera no metálica entre 2011 y 2011.

David Flores, dirigente del Partido Por la Democracia, también se reservó de realizar declaraciones a los fiscales. A su respecto se lo apunta como la persona que canalizó el pago a un periodista de cerca de $7 millones por los servicios prestados a Carolina Tohá en 2010. El pago lo efectuó la sociedad Agesin, de la contadora DC Clara Bensan, también investigada por esta causa.

María del Pilar Guridi, socia de CG Consultores, se abstuvo de declarar por una boleta de $5,5 millones a SQM, y tampoco autorizó el acceso a sus productos bancarios, así como tampoco a las cuentas de correo electrónico, postura similar a la adoptada por otros seis contribuyentes. En CG Consultores también es socio Manfredo Mayol, asesor de la Unión Demócrata Independiente.

El hijo de Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, en la mira por una boleta emitida a a Soquimich por $4,4 millones, tampoco entregó antecedentes, al igual que quien se desempeñó en 2001 como vicepresidente de la Juventud Nacional de la UDI, Juan Pablo Aguerreberry, que emitió facturas por $46,2 millones.

Durante la jornada de este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago facultó a los fiscales a formalizar a personas que no se encuentren querelladas o denunciadas por el SII, lo que podría cambiar el panorama en torno a las indagatorias.

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