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Congreso de Perú autoriza derribar aeronaves vinculadas al narcotráfico

FAP
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El Congreso de Perú aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley que autoriza a la Fuerza Aérea de ese país a interceptar y derribar aeronaves vinculadas al narcotráfico, aunque esta vez sin el apoyo de Estados Unidos.

El proyecto debe ser promulgado por el presidente Ollanta Humala en un plazo máximo de 15 días para convertirlo en ley, lo que se da por seguro debido al interés de las autoridades por acentuar su compromiso contra el tráfico de cocaína. 

La decisión, tomada en una sesión plenaria del Congreso, implica la reanudación unilateral de una estrategia aérea de lucha contra el narcotráfico que Perú aplicaba en cooperación con Estados Unidos en la década de 1990. La colaboración estaba suspendida desde 2001, cuando un avión caza peruano derribó por error una avioneta con misioneros estadounidenses y murieron dos personas. 

El proyecto conocido como “Ley de control, vigilancia del espacio aéreo nacional” autoriza a la Fuerza Aérea de Perú “a derribar las aeronaves de las cuales exista evidencia o sospecha razonable de estar siendo empleadas para el narcotráfico”.

La autorización para disparar se otorgará después de que la aeronave sospechosa haya sido declarada hostil y desacate las instrucciones de las aeronaves interceptoras de la aviación militar peruana.

“Se trata de que nuestras Fuerzas Armadas, siguiendo los protocolos internacionales, puedan proceder en casos extremos a derribar aeronaves como las avionetas que trasladan droga a otros países”, indicó el presidente del Congreso, Luis Ibérico.

Según el congresista Carlos Tubino, autor de la norma, se detectan en Perú entre 600 y 1.000 vuelos clandestinos de avionetas de narcotraficantes por año, de los cuales un 95% procede de Bolivia. 

En Perú, el tráfico aéreo de drogas “es un problema serio” había dicho en junio el director la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Yury Fedotov, durante una visita al país. 

Perú instaló este año un radar de fabricación estadounidense en Puerto Maldonado (Amazonia, sudeste) que empezó a operar en mayo y que permite detectar vuelos ilícitos con un alcance de 450 kilómetros. Su perímetro incluye el Valle de los ríos Apurímac-Ene-Mantaro (VRAEM), la mayor zona cocalera de Perú, donde las fuerzas armadas combaten desde hace más de dos décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. 

En Perú se mueven al año unos 8.500 millones de dólares provenientes del narcotráfico, según la procuradora antidrogas Sonia Medina. 

Perú redujo en 14% interanual sus cultivos de hoja de coca en 2014, de 49.800 a 42.900 hectáreas, según un informe de la ONU divulgado en julio y que ubica a este país como el segundo mayor productor después de Colombia. 

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